Por: Emmanuel Aquino Alvarado
Para las Matemáticas, el 29 es un número con credenciales suficientes para despertar curiosidad. Es primo, solamente puede dividirse con exactitud entre 1 y él mismo. Es, además, el décimo número primo y forma con el 31, una pareja de primos gemelos, pues entre ambos existe una diferencia de apenas dos unidades. Pero quizás una de sus propiedades más hermosas aparece cuando descubrimos que puede escribirse como la suma de los cuadrados de tres números naturales consecutivos:
29 = 2² + 3² + 4² = 4 + 9 + 16.
También puede expresarse como suma de dos cuadrados:
29 = 2² + 5² = 4 + 25, y hasta ocupa un lugar en la geometría pitagórica, pues:
20² + 21² = 29².
Así, 20, 21 y 29 forman una terna pitagórica porque son un conjunto de tres números enteros positivos que cumplen el teorema de Pitágoras. Nada violento hay en el 29 matemático. Al contrario, primalidad, regularidad, relaciones numéricas y exactitud parecen acompañarlo. Sin embargo, en República Dominicana se ha terminado otorgándole un significado completamente diferente.
En el lenguaje popular y en el argot atribuido a miembros de la Policía Nacional, la expresión “poner en 29” ha llegado a utilizarse para referirse a la muerte de una persona durante un supuesto enfrentamiento policial. Por tanto, es repudiable la existencia y utilización de la expresión “poner en 29” y su uso, que intenta convertir una ejecución extrajudicial en un procedimiento jurídicamente admisible.
La discusión adquiere mayor importancia ante las cifras recientes. Según el seguimiento realizado por la prensa nacional, casi dos centenares de personas han sido asesinadas entre el 5 de enero y el 21 de septiembre de 2026, en hechos reportados como intercambios de disparos con agentes policiales. Solo durante septiembre se habían registrado 37 muertes. Obviamente, la Policía, según esos reportes, ha señalado que muchos de los fallecidos estaban vinculados a homicidios, robos, atracos y otros delitos, y que algunos eran buscados mediante órdenes de arresto.
Nadie en su sano juicio plantea que la sociedad no tenga derecho a exigir seguridad ni que la Policía no tenga la responsabilidad de enfrentar la delincuencia. Lo subrayado y acentuado es que siempre debe hacerlo dentro del marco legal. Queda claro que defender el derecho a la vida no significa desconocer el derecho de los policías y de los ciudadanos a protegerse frente a una agresión ilegítima. Sin embargo, una realidad es el uso legítimo y proporcional de la fuerza y otra, muy distinta, convertir la muerte en sustituto del proceso judicial.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, planteó precisamente esta preocupación al señalar que una persona no puede ser privada de la vida como sustitución de una condena judicial. Su planteamiento remite al artículo 37 de la Constitución dominicana, que protege el derecho a la vida. El esquema institucional es claro: corresponde a la Policía investigar y apresar conforme a la ley; al Ministerio Público, acusar cuando existan elementos suficientes; y a los tribunales, determinar culpabilidad e imponer las sanciones correspondientes.
En República Dominicana no existe la pena de muerte. Por consiguiente, mucho menos puede existir una pena de muerte aplicada informalmente en las calles, sin juicio, defensa jurídica, pruebas debatidas ni sentencia.
Sin embargo, limitar la discusión a cómo responde la Policía sería quedarnos en la superficie del problema. Hay que ser críticos y autocríticos; hay que preguntarse: ¿qué se ha estado haciendo como sociedad para reducir las condiciones que favorecen que parte de nuestra población termine incorporándose a la delincuencia?
No todo delito puede explicarse por pobreza, desigualdad o falta de oportunidades, ni esas circunstancias convierten automáticamente a una persona en delincuente. La responsabilidad individual continúa existiendo. Pero tampoco resulta razonable desconocer el peso que pueden tener la exclusión, el abandono escolar, el desempleo, la precariedad familiar, la falta de oportunidades, la expansión del narcotráfico y del crimen organizado y la debilidad de determinadas instituciones.
Organismos multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han advertido que las respuestas meramente efectistas —como es el caso de los “supuestos intercambios de disparos”— no solucionan problemas sociales complejos y señalan que las reducciones sostenidas de la delincuencia requieren políticas integrales de prevención, fortalecimiento institucional, educación, oportunidades y actuaciones sobre las desigualdades sociales y el desempleo.
En el caso dominicano, aunque se han producido avances en la reducción de la desigualdad, sigue siendo una tarea pendiente la eliminación de las vulnerabilidades y de las diferencias importantes en el acceso efectivo a oportunidades y servicios. Eso, por no hablar de la no distribución de las riquezas que generan los trabajadores y del mal ejemplo de los crímenes sin sanción que cometen “los de cuello blanco” a través de la corrupción administrativa y otros flagelos del poder que siempre quedan impunes.
Por eso, una política de seguridad no debe medirse únicamente por cuántos delincuentes fueron apresados o cuántos cayeron en 29. También debe partir de conocer qué trabajo se ha hecho para evitar que quienes hoy delinquen llegaran a convertirse en delincuentes.
Ahí están la escuela, la familia, el empleo, el deporte, la cultura, la formación técnica, la recuperación de los barrios, la prevención de las adicciones, el combate al tráfico de armas, una justicia eficiente y una Policía profesional. Prevenir no significa ser indulgente con quien delinque. Significa intentar que menos ciudadanos lleguen al punto en que sea necesario perseguirlos, procesarlos y hasta asesinarlos extrajudicialmente.
Es de justicia matemática devolverle al 29 su inocencia. Que vuelva a ser el décimo número primo; el compañero del 31 entre los primos gemelos; el resultado de 2² + 3² + 4²; la hipotenusa que relaciona al 20 y al 21. Qué hermoso fuera utilizar esa decena, más nueve unidades, solamente para lo que las Matemáticas decidan que significa un 29.
Porque frente al delito, el Estado dispone de policías, fiscales, jueces, cárceles y leyes. Frente a las causas sociales que alimentan parte de la violencia dispone —o debería disponer— de educación, prevención y oportunidades.
Todo buen dominicano debe rechazar los asesinatos extrajudiciales que viene realizando la Dirección Central de Investigación (DICRIM), con el beneplácito de sus superiores. El ciudadano dominicano debe exigir que se ataquen las causas para que así el mal sea subsanado. Porque bien es sabido que “El mal no está en las sábanas, sino en el paciente”.
Ciertamente, el problema nunca fue el número 29. El verdadero desafío consiste en construir una sociedad en la que “poner en 29” deje de entenderse como una respuesta frente a la delincuencia y vuelva a ser solamente lo que siempre debió ser: un número.
Sobre el autor
Desde su fundación el 5 de marzo de 2002, el matutino EL DÍA se ha consolidado como uno de los medios de comunicación más influyentes de la República Dominicana. A través de nuestras ediciones impresa y digital, y con una fuerte presencia en redes sociales, hemos mantenido el compromiso de ofrecer una cobertura informativa veraz, ética y objetiva.
Nuestro diario fue fundado por Rafael Molina Morillo, un visionario del periodismo, quien lideró EL DÍA hasta su fallecimiento en a...
