Hay profesiones que están sujetas a regulaciones muy específicas por parte del Estado. Muchas requieren una autorización para que los egresados puedan ejercer y ofrecer sus servicios.
Entre los de mayor control están los médicos, los ingenieros, arquitectos y abogados. Estos últimos con autorización para ejercer como profesionales del Derecho y como jueces y notarios, que constituye un rango de mayor incidencia en diversas áreas de la justicia.
Muchas voces se levantan en torno a que no existen mecanismos para regular la profesión.
Existen organizaciones y profesionales que cuestionan la calidad. Atribuyen esa merma a la abundancia de ofertas y el número de universidades que ofrecen la carrera con facilidades que inciden directamente en su masificación.
No se puede establecer una raya y acusar solo a las universidades de un mal inocultable.
Los estudiantes de Derecho no llegan solos a las universidades. No se forman solos, hay todo un cuerpo docente que también influye en su formación. El problema tiene muchas aristas y no se trata de señalar la más cómoda, a la hora de empezar a diseñar correctivos.
En todo caso, si vamos a ver con seriedad la formación y el ejercicio del derecho hay que ser muy cauteloso, al momento de actuar, sin dañar gratuitamente y siempre con el propósito de aportar al desarrollo profesional del sector.
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