El Día 
Rommel Santos Díaz, experto
Los artículos 94 y 95 del Estatuto de Roma facultan a los Estados para aplazar la ejecución de las solicitudes en ciertas situaciones.. El artículo 94 describe la situación en que la solicitud interfiera con una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto.
En la situación anterior, el Estado requerido podrá consultarlo ante la Corte Penal Internacional y acordar un periodo de tiempo de prórroga para la ejecución.
Este periodo no excederá de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate la ejecución de la solicitud. El Estado requerido podrá también prestar asistencia con sujeción a ciertas condiciones, en el caso en que decida prestar la asistencia de inmediato.
El artículo 95 del Estatuto de Roma describe el caso en que la solicitud de asistencia se aplace por estar pendiente la impugnación de admisibilidad de la causa. La Corte Penal Internacional es competente para decidir todos los asuntos jurisdiccionales que le conciernen.
El Estado requerido podrá suspender la ejecución de una solicitud por estar pendiente una decisión de la Corte Penal Internacional, a no ser que la corte haya resuelto expresamente que el Fiscal puede recolectar prueba antes de que la Corte decida sobre la admisibilidad del asunto.
En otros términos, podría ser confuso ante tal situación si quien investigara el asunto sería la Corte Penal Internacional o una autoridad nacional estatal. Por esta razón los Estados podrían esperar hasta que se determine definitivamente la competencia de la CPI, antes de que la ejecución de la solicitud sea obligatoria, salvo que la Corte disponga lo contrario.
En el marco de las obligaciones de los Estados, podemos establecer las siguientes razones:
a) Si un Estado prorroga la ejecución de una solicitud durante el periodo de tiempo acordado con la Corte, en el caso de que exista una interferencia con una investigación o enjuiciamiento pendiente de otro asunto, la suspensión no excederá de los necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento en el Estado requerido.
b) Cuando la Corte haya expresamente resuelto que el Fiscal de la CPI puede recolectar prueba, según el artículo 18 o 19, aun si esta pendiente una impugnación a la admisibilidad del asunto de la Corte. No obstante, los Estados podrán posponer la ejecución de una solicitud si esta pendiente la decisión del asunto y no existe tal orden de la Corte.
Cuando un Estado recibe una solicitud de asistencia de la Corte Penal Internacional, este necesita un mecanismo por medio del cual pueda fiscalizar si la ejecución de la solicitud pudiese interferir con cualquier investigación o enjuiciamiento en curso.
El método incluiría un procedimiento de consulta entre las respectivas autoridades estatales, que se lleve a cabo con cierta regularidad o en periodos cortos de tiempo. Primero se debe identificar a tales autoridades que normalmente incluirá a los oficiales de policía, fiscales, defensores públicos, personal de la secretaria judicial, y posiblemente también el personal de las cortes militares.
Una vez que se consulte a las autoridades Estatales pertinentes, y se determine que la ejecución de una solicitud. El órgano que consulte ante la Corte deberá conocer el estado en que se encuentran los procedimientos nacionales, para poder negociar el periodo de tiempo de prórroga adecuado con la Corte.
De manera alternativa, el Estado deberá tomar en consideración si la asistencia puede prestarse inmediatamente, sujeta a ciertas condiciones. Cualquier condición deberá negociarse con la Corte Penal Internacional.
Cuando un Estado aplaza la ejecución de una solicitud de conformidad con el artículo 94, aquellos involucrados en la investigación o enjuiciamiento estatal deberán estar en contacto con las respectivas autoridades, para que el Estado pueda notificar a la CPI cuando finalicen dichas investigaciones o enjuiciamiento.
Finalmente, los Estados deberán asegurarse de estar informados sobre las diligencias preliminares de la CPI, tales como las impugnaciones de admisibilidad. Si deciden posponer la ejecución de una solicitud, estando pendiente una decisión sobre admisibilidad deberán notificar a la Corte de tal decisión.
Sin embargo, cuando el Fiscal está facultado por la Corte para recolectar evidencias en el territorio del Estado requerido, tal Estado deberá contar con leyes y procedimientos vigentes que permitan prestar al Fiscal la asistencia solicitada por la Corte.
*Por Rommel Santos Díaz
