Hay que dejar muy claro que la Secretaría de Educación ha hecho bien en aplicar sanciones contra empleados, profesores y estudiantes que participaron en el fraude de las Pruebas Nacionales.
No se puede confundir el pedimento que hacen muchos sectores, incluyendo EL DÍA, de que se revisen los casos en que pudiera haber alguna injusticia para que no sean sancionados quienes no han cometido falta alguna.
Quizás se entienda que sea algo drástico sancionar a los estudiantes con ponerlos a perder un año completo y que sea más recomendable quemarles las materias para que se vuelvan a examinar en la convocatoria más próxima.
Son recomendaciones y pareceres, pero jamás se puede satanizar a las autoridades educativas por hacerles ver a empleados, profesores y estudiantes que la deshonestidad y el fraude tienen consecuencias negativas.
Por el contrario, ojalá que la práctica de sancionar al que violente las normas y leyes se extienda a todas las esferas de la sociedad.
La República Dominicana necesita que funcione el régimen de consecuencias.
Los que cometieron el fraude tienen derecho a pedir clemencia o que se les reduzca el castigo, pero admitiendo la falta cometida.
También se puede debatir sobre la pertinencia de revisar la metodología y utilidad de unas cuestionables Pruebas Nacionales.
Todo eso es posible y permitible, pero sin perder de vista que en el caso en cuestión el fraude no lo cometió la autoridad que ha impuesto la sanción.
Cualquier discusión debe partir de esa premisa.
