Constitucionalmente, el Estado no tiene la obligación de ofrecer de manera gratuita la educación superior, por lo tanto el aporte que haga el fisco a ese renglón debe estar revestido de todas las garantías de que lo reciba quien lo merece.
Incluso, debe llegar el momento en que se piense con seriedad si el Estado debe financiar a los centros de estudios superiores o a los estudiantes universitarios de manera individual, para que éstos tengan la potestad de cursar una carrera donde reciban la mejor oferta académica.
A nivel superior, los recursos públicos tienen que dirigirse a formar los profesionales que el país necesita a partir de un plan de desarrollo o a aquellos estudiantes que, sin importar la carrera que elijan, tienen condiciones excepcionales.
Resulta inaudito que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que funciona con fondos provenientes del Estado, esté discutiendo a estas alturas del juego si aplica o no la baja académica.
¿Por qué tienen los contribuyentes que mantener durante 20 años a una persona que evidentemente no ha hecho más que parasitar dentro de la universidad estatal?
Para solo poner un ejemplo.
La educación superior es cara, por lo tanto los recursos que a ese renglón dedica el Estado deben dirigirse a quienes lo merezcan por su talento o por su dedicación.
Quizás ha llegado el momento de aumentar la inversión preuniversitaria hasta un mínimo del 4% del Producto Bruto Interno (sólo como punto de partida) y ser más selectivo en lo que se destina a la educación universitaria.
