Las alcaldías que funcionan en el Gran Santo Domingo concentran dentro de sus atribuciones un gran poder en las distintas ciudades que deben administrar.
No sólo en la recogida de basura, que es el servicio tradicional, también tienen que regular que las áreas urbanas y suburbanas no se llenen de edificaciones ilegales.
Ocurre que el crecimiento urbano de la ciudad, sobre todo del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, se escapa al poder regulador de los departamentos que tienen que controlar el auge de las edificaciones ilegales.
Sucede que en muchos barrios se levantan edificios de apartamentos, edificios para oficinas y talleres o grandes almacenes, que en su etapa de finalización son detenidos con un cartel de las alcaldías que dice: “Obra paralizada”.
Esa “obra paralizada” mientras se levanta constituye un problema a la vista de todos.
Entre los problemas podría citarse la ocupación ilegal de calles y aceras que convierten en anexos de los inmuebles y que utilizan para depositar los materiales de construcción. Ocurre lo mismo con el trabajo y tránsito de equipos pesados, camiones de acarreo que cargan o descargan en horas imprudentes.
Así hay múltiples abusos del espacio público, a los que las alcaldías deberían poner más atención, no sólo porque merma su poder regulador, que implica evasión de impuestos y mala práctica estructural que puede poner en riesgo vidas humanas.
También porque lesiona el derecho que tienen los transeúntes a un uso libre y ciudadano de las calles y aceras comprometidas mientras la obra avanza a su etapa final. Esperemos soluciones más efectivas.
