Santo Domingo.-El exmiembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, advirtió que el desacato de la resolución emitida por la JCE sobre la prohibición de la publicidad gráfica y los actos de precampaña en espacios públicos es un delito electoral castigable con prisión.
A través de su cuenta de Twitter @EddyOlivares14, explicó que la pena establecida según el artículo 22 de la Ley Electoral es de prisión correccional de 6 meses a 2 años de prisión y multa de dos mil a cinco mil pesos.
«El desacato de la resolución de la @juntacentral que prohibió la publicidad gráfica y los actos de precampaña en espacios públicos, es un delito electoral castigable con prisión correccional de( Art. 22 Ley Electoral)», dijo Olivares.
La aclaración surge luego del comunicado que posteó el expresidente Leonel Fernández, en el que mostró su oposición a la disposición de la JCE afirmando que no hay ninguna norma vigente ni disposiciones estatutarias o reglamentarias de los partidos que prohíban la realización de actividades proselitistas en periodo de precampaña.
“Por tal razón, las advertencias de la Junta Central Electoral resultan inaplicables, debido a que no se encuentran en armonía con el principio universal jurídico de que lo que no está prohibido está permitido”, expresó Fernández.
El expresidente puntualizó que no puede haber advertencia contra toda persona que se encuentre ejercitando los actos de proselitismo, como indica en su publicación la Junta Central, sobre la base de que transgrede normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales o a incumplir con las disposiciones reglamentarias y estatutarias de los partidos.
Sin embargo, partidos como el PRD, PRSC, PRM y otros candidatos del PLD vieron con beneplácito la decisión de la JCE y optaron por acoger la resolución.
El pasado miércoles el pleno de la JCE dispuso que dirigentes de los partidos políticos que aspiran a posiciones electivas a suspender en un plazo de cinco días todas sus actividades proselitistas.
El organismo advirtió que toda persona que se encuentre desarrollando esa práctica transgrede las normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales, así como con las disposiciones reglamentaria y estatutaria de los partidos.
