QUITO.- La primera jornada de diálogo entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el gobierno de Ecuador concluyó el lunes sin mayores acuerdos, luego de que el régimen negó la posibilidad de aceptar una nueva disminución a los precios de los combustibles, como exige la organización.
“No hemos encontrado un mecanismo que nos permita aumentar el subsidio”, pero “aceptamos la propuesta de focalizar” los precios de la gasolina que deberá trabajarse conjuntamente, anunció el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, quien actúa como interlocutor del presidente Guillermo Lasso. La reacción del máximo líder de los indígenas, Leonidas Iza, fue de molestia.
“Me parece indignante que la propuesta, en lugar de recibirla, nos la pretendan trasladar a nosotros”, reclamó, al tiempo que interrogó cómo podrían financiarla los pueblos y nacionalidades. Iza se mostró abierto a la posibilidad de llegar a un punto medio en el pedido de reducción del precio de la gasolina de 2,45 dólares por galón a 2,10 dólares, y le insistió al régimen que busque el mecanismo para viabilizarlo.
El domingo por la noche Lasso bajó el precio de ese combustible de 2,55 dólares a 2,245, en un primer paso que no satisfizo a esa Confederación.
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El dirigente ratificó que, en este punto, uno de los principales para la organización, “no se puede avanzar”, aunque destacó que con respecto a los pedidos de eliminación de los decretos que disponen la ampliación de las actividades minera y petrolífera, uno de ellos es insubsistente y sobre el otro esperan garantías para que se cumplan sus pedidos de no extracción minera en áreas protegidas, a través de una reforma.
Aunque el paro nacional se mantiene, es la primera vez en dos semanas que se avizora una posibilidad real de llegar a una solución que permita al país volver al ritmo normal de actividades.
La segunda jornada del diálogo entre las partes fue convocada para el martes. El ministro Jiménez se mostró optimista y consideró que, aunque “no estamos de acuerdo en todo hemos avanzado en algunas cosas, y del diálogo surgen las ideas”, dijo.
Insistió en que las conversaciones recién empiezan y que será un proceso “que no se va a agotar” de manera inmediata. Del total de 10 exigencias de esa Confederación, al menos cinco ya han empezado a tener respuestas por parte del régimen, según Jiménez.
“Respetamos la protesta social pacífica, las causas que la fundamentan y las organizaciones que las impulsan, (pero) no podemos tener el más mínimo nivel de tolerancia con quienes pretenden aterrorizar a los moradores de una ciudad, peor si es Quito”, añadió.
Pese a los llamados de cumplir marchas pacíficas formulados por Iza, las protestas se recrudecieron y se mostraron más violentas en la ciudad de Cuenca, 310 kilómetros al sur de la capital, donde se registra escasez de combustibles, gas de uso doméstico, alimentos e incluso de oxígeno medicinal debido al bloqueo de los manifestantes.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que los delitos cometidos en el marco de estas dos semanas de manifestaciones han sido judicializados y que la Fiscalía investiga unos 42 casos.
Dio cuenta de tres fallecimientos como causa directa de las protestas y dos por motivos accidentales y muerte natural, 28 secuestros de miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas —que ya han recuperado su libertad—, 175 policías heridos de gravedad, 30 unidades de vigilancia policiales destruidas y la pérdida de 30 vehículos de la institución, además del robo de armamento.
El paro de los indígenas, que ha afectado principalmente a las provincias del centro-norte andino con férreos bloqueos de las carreteras más importantes, especialmente la Panamericana, ha causado desabastecimiento de alimentos, gasolina y gas de uso doméstico, y dificultades para circular por el país.
En Quito se han registrado marchas violentas y choques con agentes del orden, ataques a vehículos privados y saqueos a pequeños negocios.
Lasso también anunció el aumento del presupuesto para la educación, la condonación total de los créditos vencidos de los agricultores en un banco estatal, la declaración de emergencia del sistema público de salud —con el propósito de dotarlo de medicinas y equipos—, entre otros pedidos que estaban entre los 10 puntos que exigían los indígenas.
La crisis ocurre en un momento en que la Asamblea debate un pedido de destitución de Lasso planteado por el partido Unión por la Esperanza vinculado con el mandatario Rafael Correa (2007-2017), el cual parece tener pocas posibilidades de prosperar debido a que no cuenta con el respaldo de al menos 92 legisladores requerido por la Constitución.
De acuerdo con estimaciones del gobierno, las protestas indígenas han causado más de 500 millones de dólares en pérdidas económicas en los sectores público y privado hasta el fin de semana, en que el Ministerio de Energía ha señalado que Ecuador está a punto de suspender todas las actividades petrolíferas a causa del paro.
El petróleo es el mayor producto de exportación del país, a cuya caja fiscal aporta alrededor del 30% de los ingresos.
