El Día 
Santo Domingo-. Si se llegara a aprobar el Proyecto de Ley de Fideicomiso Público, un tema que ha dividido la opinión de diversos sectores de la sociedad, el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader podría fideicomizar todas las importantes actividades que hace un gobierno.
La afirmación la hizo el economista y miembro de la Comisión Presidencia Ejecutiva del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ysrael Abreu, al participar en una entrevista en el programa Contacto 360, donde explicó que esa es una de las razones por las cuales se mantiene renuente a que sea aprobado dicho proyecto.
Entre esas actividades citó la salud pública, la cual es obligatoria constitucionalmente, la educación inicial y básica y la seguridad y defensa nacional.
«Cuando me refiero a la seguridad, hablo de la seguridad interior (que ya hay una parte que ha sido fideicomisada que es el de la Policía) y en segundo lugar la defensa nacional», dijo.
Puso como ejemplo que el Estado norteamericano contrata empresas de seguridad para la defensa nacional en ocasiones de guerra, y dijo que en el caso de Republica Dominicana, si se aprueba ese fideicomiso, se tendría que hacer lo mismo, pero para defendernos de Haití ya que las otras fronteras existentes con esta nación son costas marítimas.
Otro de los puntos que lo hace rechazar dicha aprobación es el caso de la fiduciaria Banreservas, que es parte de ese grupo económico que representa el Banco Banreservas.
Dijo que ¨el actual gobierno pretende que a través de la Ley de fideicomiso público, los dominicanos aceptemos que sea monopolizado el servicio fiduciario y que solamente sea la fiduciaria Banreservas que administre cualquier fideicomiso público que sea creado¨.
En ese sentido, dijo que si se llegara a aprobar ese proyecto que está en el Congreso Nacional y que ya fue aprobado en primera lectura, se monopolizaría automáticamente la capacidad que tiene la economía dominicana de proveer ese servicio por medio de otras empresas que están, quizás, mejor calificadas para prestar el servicio.
«Y que, además, quizás la comisión por prestar ese servicio sea más barata porque finalmente no es gratis», indicó.
También explicó que los vacíos legales que tiene la ley de Compras y Contrataciones (340-06), permitirían a quienes estén administrando ese fideicomiso crear un reglamento de compra de acuerdo con los intereses de ellos.
El experto planteó que el gobierno pretende que se permita aprobar ese proyecto el cual está exento del cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, lo que para él sería un retroceso a la figura de transparencia aquí en el país.
