Economía y el poder en la democracia

Está sobreentendido que el poder reposa en las funciones naturales asignadas al Estado, como son las de dictar las leyes para regular las relaciones sociales y velar por su cumplimiento, a través del poder judicial.

En tal sentido, corresponde al Estado asumir la responsabilidad del orden, la seguridad interior y frente al exterior, en caso de atropello, guerra o atentado proveniente de otro Estado.

Es en tal contexto que en el marco de las funciones del Estado está la competencia exclusiva en política exterior con otros Estados.

Visto así, incumbe al Estado la facultad exclusiva de recaudar impuestos para financiar los servicios públicos, infraestructuras, prestaciones, dirigir la economía con leyes equitativas que regulan el mercado laboral y la actividad empresarial, gestionar los servicios públicos como la educación, la salud, las infraestructuras viales, el control de los puertos, aeropuertos y el sistema energético.

Hay que poner de relieve que la existencia de elecciones, pura y simple, no es un indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático ya que se hace mandatorio que se conjugan otras características.

Dichas características han de responder a la concepción de que la democracia debe ser entendida como un sistema político y una forma de organización social que implica respeto por los derechos humanos, libertad individual, libertad para la asociación y beligerancia política, presencia de múltiples partidos políticos, distribución equitativa del del poder en diferentes actores sociales, alternancia en el poder y limitación del poder de los gobernantes.

Hay que resaltar que, en cualquier tipo de modelo de dirección de la sociedad, existe un ente fundamental que es el Estado, que es la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad.

Esto significa que un Estado equivale al conjunto de atribuciones y órganos públicos que constituyen el gobierno soberano de una nación, y en ocasiones, el término es usado también para referirse a la nación como un todo, el cual ha de ser reconocido como tal, deberá contar con ciertas condiciones, pero también con el reconocimiento internacional de sus pares, amparado y forrado en la legitimidad.

Lo expuesto son razones poderosas que conducen a entender que el Estado interviene en la economía, básicamente, porque el mercado es incapaz, por sí solo de sostener el óptimo funcionamiento económico, ni de resolver los problemas causados por el mismo mercado.

Es en tales circunstancias que el Estado proporciona un marco legal y social dentro del cual los participantes en el mercado compran y venden bienes y servicios producidos con los recursos escasos de la economía.

La intervención del Estado en la economía obliga a que este haya de ser agente de cambio social y transformación económica permanente. Para ello requiere de un aparato burocrático que funcione eficiente y segregadamente con el objetivo primordial de apoyar a las inversiones privadas y a la creación de infraestructura asumiendo los riesgos y promoviendo nuevas áreas de inversión con impacto directo en la economía y el bienestar colectivo de la sociedad.

Corresponde al Estado propiciar la participación de los diversos grupos sociales en el desarrollo, mediante la elaboración efectiva de la política económica en la cual se relacionen aspectos políticos y económicos, ya que dicha política se enfrenta permanentemente a la necesidad de regular un sistema que atienda a la inestabilidad económica, social y política.

Esto así ya que la política económica es fruto de conflictos entre grupos y clases que tienden a consolidar, crear o disolver equilibrios político-sociales en el campo económico, el cual se engendra en la lucha de intereses.