Dueños de casas y apartamentos dicen no tener respaldo jurídico a sabiendas de los compromisos asumidos con los bancos.
SANTO DOMINGO.-Desde perder los ahorros hechos a lo largo de su vida hasta encontrarse con un moroso armado que quiera quitarle la vida a quien reclama su propiedad, son de las vicisitudes que viven dueños de inmuebles que optan por rentarlo y al final se ven obligados a desalojar al o los ocupantes por falta de pago.
Ante la poca garantía jurídica para los dueños de casas de alquiler, estos se ven perjudicados al no poder asegurar parte de su inversión, además de que al final, en muchos casos, les entregan un inmueble en condiciones deplorables.
Testimonios de los dramas que se viven los ofrecieron, a propósito del anteproyecto de ley sobre inquilinato que cursa en el Congreso, Jacqueline Trinidad Abreu, quien lleva 28 años en el corretaje inmobiliario a través de Corazones Realty, administrando propiedades y recoge el sentir de quienes invierten con miras a asegurar su capital.
También María Castillo, propietaria de varios inmuebles, quien cita el caso un inquilino que le ocupó por 14 meses un apartamento y le pagó los dos depósitos y un mes por adelantado. “Ese tampoco pagó luz ni servicios. Tuve mucha confrontación, dejó la casa destruida; quería llevarlo a legal, pero toma muchos alcohol, no encuentro como cobrarle porque no se con qué me va salir”, deploró Castillo.
Falta protección
La ingeniera Trinidad Abreu narra que para sacar a los morosos de una propiedad, toman dos y más años en el proceso de desalojo, lo que evidencia falta de protección para quienes compran casas a fin de asegurar su capital, en muchas ocasiones residentes en el exterior, porque desean tener algo para su retiro.
Los traumas que genera a los dueños la renta de sus inmuebles, reduce la disponibilidad de viviendas para alquiler, unos optan por las rentas cortas, con otras aristas; igual se incrementan los precios por la poca disponibilidad en el mercado, y en especial en el casco urbano.
“Eso afecta mucho porque los bancos tienen altas tasas de interés y la gente coge su único ahorrito para sacar un apartamento y como están trabajan fuera lo rentan para pagar parte del financiamiento, que nunca se cubre”, refiere Trinidad.
Deuda servicios
A eso se suma la cuota del mantenimiento obligatorio, pero el inquilino tampoco la asume…. Pasan meses y hasta años y el dueño se entra en traumáticos pasos de recuperar el inmueble.
Al final, a través de procesos judiciales y cuando un juez se reserva el fallo para unos meses, se siguen acumulando rentas y al inquilino le dan la oportunidad de apelar.
“Lo peor es que estos no presentan ni abogado el día de la audiencia para alargar más su falta de pago, pasan dos y tres meses más para fijar de nuevo el proceso.
Señores, así se van dos y más años y cuando tu adquiere la orden de desalojo el inquilino se va y no paga, entrega el inmueble roto, es un caos lo que le provoca el inquilino al dueño y, como si fuera poco, en ocasiones esperan el desalojo; hay que buscar un fiscal, Policía y puede que cuando llegue lo que encuentres es un moroso armado que quiera quitarte la vida”, testimonió de Trinidad, como parte de los casos vividos.
Problema de doble vía
— El revés inquilino
Inquilinos son menos afectados. Empero, se perjudican porque tienen que buscar depósitos para rentar otra vivienda; pagar mudanza abrupta; optar por servicios de luz, agua, etc. y cambiar hijos de escuelas.
Abogada cita desafíos
Mejoras. La abogada Jacqueline Salomón sostiene que el proyecto de ley de inquilinato es un tema complejo y puede beneficiarse de varias mejoras para asegurar que proteja tanto a inquilinos como a propietarios, y promueva un equilibrio justo en el mercado de alquileres.
“Aquí hay algunos aspectos que podrían considerarse para mejorarlo, como es la definición clara de derechos y deberes tanto de los inquilinos como de los propietarios”, refiere, además de que se incluyan aspectos como el mantenimiento y el uso adecuado del inmueble y la regulación de los aumentos de alquiler”.
Salomón también refiere que debe haber una normativa sobre cómo y cuándo pueden realizarse aumentos en los alquileres ayudaría a evitar abusos.
Establecer límites a los incrementos anuales y un marco claro para las negociaciones sería beneficioso y protección contra desalojos arbitrarios.
