El Conde Drácula es un personaje mítico de la historia universal descrito como un ser cruel de grandes poderes y habilidades, cuyo alimento exclusivo es la sangre, líquido vital para la sobrevivencia humana.

Este personaje ha sido un nombre y una historia; una leyenda, una supuesta verdad y una fantasía; es uno y muchos a la vez; uno histórico, y muchos en las artes cinematográficas y literarias.

En el caso de que pusiéramos a volar nuestra imaginación y ubicamos la novela de Bram Stoker que le dio vida a Drácula, publicada en 1897, en la República Dominicana, muchos serían los dominicanos, siguiendo la ficción, que habrían muerto de un shock hipovolémico, una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre que hace que el corazón sea incapaz de bombear el líquido suficiente para oxigenar el cerebro.

Igual puede esto extrapolarse a los Estados modernos. Los gobiernos, a través de los funcionarios que conforman la administración pública, funcionan similar a los vasos conductores de la sangre, es decir, respecto a los recursos económicos que captan mediante impuestos, para que los Estados satisfagan las demandas de servicios de sus respectivas poblaciones.

Metafóricamente, los gobiernos se convierten en una especie de hemocentros, que técnicamente representan un banco de sangre principal en el que se almacenan y procesan los diversos componentes sanguíneos que son administrados a las personas que los demandan procedentes de los centros de salud.

En vista de que hemos puesto a volar nuestra imaginación, supongamos que el gobierno dominicano esté representado por el Hemocentro Nacional, creado para salvar vidas en emergencias de accidentes de tránsito o de cualquier otra naturaleza.

Lo lógico es asegurarse de que en sus alrededores no se acerque Drácula, debido a que las consecuencias serían catastróficas: no quedaría una sola gota de sangre sin consumir de parte del personaje.

Desafortunadamente, el personaje está “presente” y al cuidado de varios estamentos gubernamentales. Esto se verifica en funcionarios designados en instituciones vinculadas directamente con sus intereses empresariales.

Una de esas designaciones fue la de Luis Maisichell Dicent en la Lotería Nacional, a pesar de que era uno de los máximos dirigentes de la Asociación Nacional de Bancas de Loterías.

El exfuncionario cedió ante la tentación de absorberse la “sangre”, esto es, los recursos económicos de la centenaria institución recurriendo a fraudes en los sorteos. La trama se descubrió y en la actualidad guarda prisión junto a otros funcionarios.

Otro con intereses marcados en su sector empresarial es Rafael Arias, actual director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Viene de la vicepresidencia de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), que dirige el senador oficialista Antonio Marte.

Aunque resulte pura coincidencia, esa estructura privada ha sido favorecida con dos de los tres corredores del transporte asignados en el Gran Santo Domingo por la actual administración gubernamental.

Otro funcionario que entra en ese renglón es el ministro de Agricultura, Limbert Cruz, un reconocido productor de plátanos de la región del Cibao. La lista, por supuesto, es más larga de gente de mando cuyos intereses particulares coliden con los nacionales.

Lo ideal consiste en que en la Administración Pública se designe a funcionarios que coloquen los intereses nacionales por encima de los particulares, que puedan actuar en correspondencia con los valores éticos que rigen el quehacer profesional nacional.

La apuesta de la República Dominicana habrá de consistir en el establecimiento de una masa crítica de técnicos y profesionales capaz de dar respuestas adecuadas a los desafíos y amenazas del país.