Erase una vez dos pandemias que atacaron a la República Dominicana. Sus nombres: Covid-19 y administración pública del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La primera, intensamente cruel, persistente y poderosa. Tan poderosa que ha servido para evidenciar límites del capitalismo. El papa Francisco, en su última encíclica “Hermanos todos”, ha sostenido que “el virus ha demostrado que las ‘teorías mágicas’ del capitalismo de mercado han fracasado”.

La segunda no ha sido menos degradante y dañina, tanto que el presidente de la República, Lic. Luis Abinader, dijo en su último discurso, que “durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado”, afirmando también que, “La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad” (8 de octubre 2020).

Llama la atención la respuesta de los técnicos del PLD, quienes, para desmentir la aseveración presidencial sobre la recepción de un país quebrado, aludieron que el gobierno peledeista dejó negociados nuevos préstamos. (¡vaya, nuevos préstamos!)
La verdad es que la combinación de una pandemia y la otra, ha sumido al país en uno de los momentos más difíciles e inciertos desde el punto de vista económico, social y de salud.

La gran cantidad de personas que han perdido sus empleos o han sido suspendidas, la quiebra de pequeñas o medianas empresas, han expandido la pobreza y la pobreza extrema, así como la violencia, la depresión y los suicidios.

En un contexto como el señalado más arriba no cabe ninguna medida que afecte el bolsillo de los pobres y de la clase media. No caben los aumentos de impuestos al consumo popular.

Más bien, son tiempos de establecer un sistema tributario justo, equitativo y equilibrado. Son tiempos de rupturas, de cambios.

Si queremos una sociedad más justa, con menos desigualdad, no hay otra salida que no sea la de aumentar el peso de los impuestos directos (a la ganancia) dentro de la estructura tributaria. No hay otra salida que eliminar los privilegios en el gobierno y en el Congreso, así como recuperar lo mucho que se le ha robado a la sociedad.

El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es el que sabe si quiere obtener la autoridad moral para procurar estas salidas.

Si quiere, algo que no se puede permitir, son actitudes de indelicadeza como las denunciadas por la periodista Marien Aristy Capitán, en el periódico “Hoy” del viernes 9 de octubre, en que se señala que en 4 días, dependencias del nuevo gobierno, hicieron 803 licitaciones de compras millonarias que incluían mobiliarios, pódiums, tapizados de muebles y paredes, embellecimiento de pisos de mármol, alfombras, restructuraciones de baños, y otros muchos requerimientos que, en los actuales momentos solo se pueden entender como expresión de una “fiebre de consumo y de indolencia.