El Gobierno está liderando con mucho entusiasmo el proceso de consultas y discusiones para el Pacto por la Educación, una iniciativa mandatoria por la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Esa legislación también ordena un Pacto Fiscal y un Pacto Eléctrico, los cuales lucen relegados, por no decir que en el olvido.
Las tres iniciativas se interconectan, pues sin sostenibilidad fiscal no se puede disponer de los recursos para la mejora del sistema educativo. Pero la salud fiscal está supeditada a la sutura del hoyo financiero del sector eléctrico.
Para que se tenga una idea, el subsidio eléctrico consume en un solo año los ingresos que en tres años le podría generar al Estado el contrato con la empresa minera Barrick Gold por la explotación del oro de la zona de Pueblo Viejo.
Al finalizar este año el Estado habrá tenido que lanzar al “hoyo eléctrico” no menos de 1,300 millones de dólares.
Por lo tanto, las discusiones y consultas, tanto para el Pacto Fiscal como para el Pacto Eléctrico, tienen que iniciarse sin mayores dilaciones, pues la salud económica del país requiere que ambos aspectos sean abordados.
