La Procuraduría General de la República, las diversas fiscalías conexas y la Policía Nacional trabajan a diario desde sus oficinas y en las escenas del crimen, pero la verdad no se puede ocultar.
No solo la criminalidad experimenta un incremento, sino que se expande fuera de los límites de que disponen dichas instituciones para enfrentar la situación.
Hace poco, desde el Ministerio de la Mujer se planteó que parte del deterioro social perjudica seriamente a las mujeres. Hay muchos casos en que las víctimas son mujeres o involucran a sus hijos.
Planteaba, además, que hombres y mujeres deben trabajar de manera conjunta para crear las condiciones necesarias y construir los conocimientos, los valores, las normativas sociales y jurídicas que garanticen una cultura de paz y de respeto a los derechos.
No solo se observa un desafío a las autoridades, a la Policía Nacional, también al mandato y la confianza depositada y delegada en ese organismo por la sociedad.
Una situación, que de no ofrecer las garantías de respuesta, podría traducirse en una crisis de confianza y en un descreimiento para enfrentar los retos que garanticen la paz ciudadana.
El crimen puede evolucionar, si se lo permiten las autoridades.
Si evoluciona y sigue sometiendo a más y más dominicanos tendremos un futuro incierto.
Debemos combinar la voluntad del trabajo de las autoridades con las normativas que propone el Ministerio de la Mujer para garantizar un país donde se conviva en paz y se respeten los derechos.
