Los presupuestos temporales, por extendidos que sean, siempre llegan a su término, tanto si son de unos días como si se trata de años, un hecho del que cualquiera tiene una prueba a la mano.
Ahora la atención está orientada al tiempo concedido por el Tribunal Constitucional a las instancias del Estado con iniciativa para la conformación de las leyes, a las que ha dado un plazo de dos años para que generen una ley para el control de horarios de venta de alcohol en centros nocturnos.
Este control se lleva a cabo sobre la base de un decreto y el Tribunal Constitucional entiende que debe hacerse sobre una ley.
A quienes ven el hecho desde el punto de vista de sus negocios el tiempo otorgado les debe parecer una eternidad; de haber sido cinco meses, en enero la parranda seguiría abierta; en cambio, a quienes perjudicaría porque los ruidosos borrachos los trasnochan, les debe parecer una bendición, porque mucho o poco tiempo es igual en el Congreso Nacional, y para los llamados a presentar una salida, algo que puede ser relegado para un día de estos, porque después de todo son dos años para generar un proyecto y tener una ley.
La aplicación de las disposiciones del decreto corre por cuenta del Ministerio de Interior y Policía, que cuida de que sea acatado, si no por medio de la supervisión directa con agentes policiales, por la de atención a las denuncias y quejas de particulares y juntas de vecinos.
Puede parecer una pérdida de tiempo, pero no lo es. Desde que el 9-1-1 es una vía a la mano para pedir ayuda ante este tipo de abusos, la venalidad policial tiende a ser poco efectiva.
Faride Raful, ministra de Interior y Policía, escribió en su cuenta de X que su compromiso es proteger la vida, la seguridad y la convivencia de los dominicanos.
Esta es una actitud saludable.
