Dos años para hacer lo que nunca se ha hecho

Durante décadas, ningún gobierno ha tenido la valentía de enfrentar los desórdenes institucionalizados con los que los dominicanos nos hemos acostumbrado a vivir.

Y no se trata sólo de los problemas de siempre; constantemente surgen otros nuevos que también terminan siendo normalizados.

Son muchas las distorsiones que hemos dejado pasar hasta convertirlas en formas de vida y mecanismos de presión.

Cuando el problema crece demasiado, entonces aparece el argumento de que hay que dejar eso así.
Aquí están algunos ejemplos.

El desorden en el tránsito empeora cada día porque se enfrenta con medidas temporales y paños tibios, mientras la Ley 63-17 sigue sin aplicarse con el rigor necesario. Lo mismo ocurre con la ocupación ilegal de espacios públicos.

Quien quiera apropiarse de una acera, instalarse en una vía pública, construir en la margen de un río o una cañada, o establecer una parada de vehículos donde mejor le parezca, simplemente lo hace.

Y si alguien tiene poder político o económico, puede incluso adueñarse de una parte de una playa o de un río sin temor ante las consecuencias.

La lista de anormalidades convertidas en normalidad es larga.

El problema radica, precisamente, en el costo político.

Durante años, la clase política ha sacado provecho del desorden, de la pobreza y de la capacidad de presión que generan determinados grupos.

Se ha impuesto la idea de que ciertas prácticas deben tolerarse porque quienes las ejercen son padres de familia, como si su condición valiera más que la de quienes cumplen las reglas y hacen las cosas correctamente.

En el caso del presidente Luis Abinader, veo una oportunidad para comenzar a corregir algunas de estas distorsiones. Le restan dos años de mandato y no volverá a ser candidato presidencial.

Ese tiempo debería aprovecharse para diseñar y ejecutar un plan gradual de organización nacional. Lo que requiera nuevas leyes o modificaciones legales debe canalizarse a través del Congreso; lo que pueda resolverse por la vía administrativa debería comenzar a ejecutarse.

¿Por qué el presidente Abinader? Porque, en teoría, no tendría que estar condicionado por cálculos electorales.