📷 Jean Andrés Pumarol Fernández en el Palacio de Justicia. Fuente externa.
El caso de Jean Andrés Pumarol Fernández reabre el debate sobre el tratamiento a personas privadas de libertad con enfermedades mentales.
Santo Domingo.- El caso deJean Andrés Pumarol Fernández,acusado de ultimar a una mujer e herir a cinco personas en el sector Naco, ha reavivado el debate sobre la atención que reciben los privados de libertad con trastornos mentales en República Dominicana.
Según declaraciones de sus familiares, Pumarol fue diagnosticado con esquizofrenia hace más de una década.
Roberto Santana, asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, explicó que el país cuenta con pabellones especializados en salud mental dentro de varias cárceles, diseñados para atender a internos diagnosticados con condiciones como esquizofrenia, psicosis, trastorno bipolar y otros trastornos del ánimo y la personalidad.
Estos pabellones están habilitados en los centros penitenciarios de Najayo Hombres, La Victoria y El Pinito (La Vega).
Asesor del Poder Ejecutivo en materia de seguridad carcelaria, Roberto Santana
Cuentan con celdas adaptadas, áreas de estar, baños y zonas de observación clínica y seguridad. Allí se procura un entorno terapéutico a cargo de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, quienes aplican programas de manejo, medicación y control para evitar daños a terceros y a los propios internos.
“El lugar más adecuado para una persona con patologías mentales no es una prisión, sino un hospital especializado. Pero, a falta de eso, el Estado tiene la responsabilidad de habilitar espacios dignos y seguros”, sostuvo Santana en una entrevista en el Programa Hoy Mismo.
No obstante, advirtió que la cantidad de internos con atención especializada sigue siendo “insignificante” debido a la escasez de personal y recursos logísticos.
Santana también explicó que el proceso de reforma penitenciaria y anunció el inminente traslado de 2,400 reclusos desde La Victoria a la nueva cárcel de Las Parras, cuya primera fase será inaugurada próximamente.
La nueva infraestructura, con capacidad final para 8,500 internos, incluirá un área administrativa, 18 aulas para educación formal y técnica, talleres ocupacionales, instalaciones médicas, espacios religiosos y pabellones especiales para máxima seguridad, reflexión y visitas conyugales.
“El objetivo es romper con el esquema de hacinamiento, ocio y corrupción que impera en cárceles como La Victoria”, declaró Santana.
Cárcel de La Victoria con mayor cantidad de internos.
La reforma promueve un modelo de “cero ocio”, donde los internos deberán estudiar o trabajar todos los días. Unos 500 nuevos agentes penitenciarios están siendo capacitados, junto con equipos de apoyo psicosocial y educativo, para operar el recinto.
Resistencias internas
Sobre posibles motines o resistencia al traslado, Santana destacó que: “Hay internos que se benefician del caos en La Victoria y no quieren ser trasladados. Pero el nuevo modelo garantiza seguridad para ellos y tranquilidad para sus familias”.
Pidió a abogados y familiares respaldar el proceso, ya que el traslado “no es opcional” y forma parte de una política estatal enfocada en garantizar derechos, orden y rehabilitación.
También advirtió sobre la existencia de mafias internas en las cárceles tradicionales que se resisten al cambio porque operan como parte del “negocio penitenciario”.
Ministerio de Justicia
Santana valoró como positiva la aprobación del proyecto que crea el Ministerio de Justicia, el cual sacaría de la Procuraduría la gestión penitenciaria, una función que ha “fatigado” al Ministerio Público. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado.
Además de Las Parras, el plan contempla nuevos centros en San Juan (Pedro Corto), Barahona, Azua, Baní e Higüey, todos con capacidad ampliada y pabellones para mujeres.
La segunda fase de Las Parras será entregada en diciembre, y el proyecto completo finalizará entre febrero y marzo de 2026.
“Esta reforma es una oportunidad para reconstruir con orden, dignidad y respeto a los derechos humanos”.
