Darle un simple vistazo a la auditoría de la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) llena de espanto.
Lo que describen los auditores en su informe revela un desorden administrativo de tal nivel que cuesta trabajo explicar cómo los órganos de control del Estado no se dieron cuenta antes de que se produjera un muerto.
La prostitución del mecanismo de “compras de urgencia” para eludir los procedimientos que establece la Ley de Compras y Contrataciones confirma que esa legislación debe ser revisada.
Pero también demuestra que entidades como la Contraloría General de la República y la Dirección de Compras y Contrataciones tienen que ser más proactivas.
El caso de la OMSA obliga a una revisión total de los mecanismos de control estatal, pues los desastres que describe la auditoría pasaban ante los ojos de todos.
Alrededor del desorden administrativo se estructuró una mafia que dio pie al chantaje, el secuestro y el asesinato.
Aprendamos la lección.
Además de las sanciones de lugar por las violaciones a las leyes que se hayan detectado y que se puedan comprobar, hay que tomar las medidas para que no se repitan más.
