Al tomar decisiones en el presente, no resulta ocioso estudiar situaciones similares en el pasado para considerar casos de éxito y fracaso, y así evitar volver por caminos ya trillados.
Este introito es relevante en el contexto de la reforma fiscal integral que los principales candidatos presidenciales de las elecciones pasadas coincidían en que era necesaria, y que los sectores económicos y sociales consideran impostergable.
La presente reforma fiscal debe tener como filosofía general la reducción del déficit fiscal y la disposición de mayores recursos para que el Estado pueda hacer frente a los principales desafíos nacionales.
La reforma fiscal de 1992, elogiada por todos hoy en día, no fue fácil; de hecho, provocó fragmentaciones en algunos partidos ya que su ala sindical decidió priorizar lo acordado entre los sectores sociales sobre las coyunturas electorales.
La propuesta original de esa reforma surgió de un diálogo tripartito en el que participaban representantes institucionales del Gobierno, el sector empresarial y el sector sindical, bajo la coordinación de una Iglesia católica que en ese momento tenía un liderazgo indiscutible.
L a discusión política se llevó a cabo, y así será en el futuro, en el Congreso Nacional, que es la instancia encargada de este tipo de discusiones, y finalmente tomará decisiones por mayoría, pero sin unanimidad.
Una reforma de este tipo requiere una discusión social para la elaboración del proyecto, que podría tener lugar en el Centro Económico y Social, mientras que los debates políticos de los partidos y su liderazgo tienen lugar en el Congreso Nacional, donde además se encuentran consignados los niveles de representatividad validados por la población.
Todo parece indicar que la discusión y aprobación de esta reforma fiscal deberá producirse antes de que se someta al Congreso Nacional el presupuesto que regirá para el 2025.
