El 12 de febrero pasado, el presidente Donald Trump derogó un dictamen de la administración Obama, basado en un hallazgo científico clave que sustenta todas las medidas federales para reducir los gases que contribuyen al calentamiento global.
El llamado "dictamen de peligro" de 2009 concluyó que una serie de gases de efecto invernadero representaban una amenaza para la salud pública estadounidense. Era la base legal de los esfuerzos del Gobierno federal para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de los vehículos.
Para entender la magnitud del impacto de la medida tomada por la Administración federal es importante poner al lector en contexto.
¿Qué es el “hallazgo de peligro”?
Las dificultades para aprobar leyes climáticas en EE. UU. han llevado al Gobierno federal a recurrir con frecuencia a regulaciones, principalmente bajo la Ley de Aire Limpio de 1970. Esta ley exige a la Enviromental Protection Agency -EPA- regular los contaminantes si se determina que representan un peligro para la salud pública y el medio ambiente.
En un caso judicial de 2007, conocido como Massachusetts vs. EPA, la Corte Suprema dictaminó que los gases de efecto invernadero se consideran contaminantes según la Ley de Aire Limpio. También ordenó a la EPA determinar si estos gases representaban una amenaza para la salud humana. El "hallazgo de peligro" de 2009 fue el resultado de este proceso y determinó que las emisiones de gases de efecto invernadero sí representan dicha amenaza. Posteriormente, ha respaldado las regulaciones federales sobre emisiones durante más de 15 años.
Para desarrollar el hallazgo de peligro, la EPA recopiló evidencia de sus propios expertos, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EE. UU. y la comunidad científica en general.
El 7 de diciembre de 2009, concluyó que las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos “a la atmósfera amenazan la salud pública y el bienestar de las generaciones actuales y futuras”.
En particular, el hallazgo destacó seis gases de efecto invernadero “bien mezclados”: dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso (N2O); hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos (PFC); y hexafluoruro de azufre (SF2).
Una segunda parte del hallazgo indicó que los vehículos nuevos contribuyen a la contaminación por gases de efecto invernadero que pone en peligro la salud pública y el bienestar, lo que abre la puerta a la regulación de estas emisiones.
En ese momento, la EPA señaló que, si bien el hallazgo en sí no impone ningún requisito a la industria ni a otras entidades, “esta medida era un requisito previo para la implementación de las normas sobre emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos y otros sectores”.
El 15 de diciembre de 2009, el hallazgo se publicó en el Registro Federal (el registro oficial de la legislación federal estadounidense) y la norma definitiva entró en vigor el 14 de enero de 2010.
En aquel momento, la entonces administradora de la EPA, Lisa Jackson, declaró:
“Este hallazgo confirma que la contaminación por gases de efecto invernadero es un grave problema ahora y para las generaciones futuras. Afortunadamente, se produce tras el llamado del presidente Barack Obama a una economía baja en carbono y un liderazgo firme en el Congreso en materia de energía limpia y legislación climática”.
“Este problema de contaminación tiene solución: una que creará millones de empleos verdes y pondrá fin a la dependencia de nuestro país del petróleo extranjero”.
¿Cómo ha influido la “revocación del dictamen de peligro” en la política climática federal?
Revocar el hallazgo de peligro crea entonces un hilo conductor que puede extraerse no sólo de los vehículos, sino de muchas otras fuentes estacionarias de emisiones, como centrales eléctricas y fábricas alimentadas con combustibles fósiles, así como a una gama más amplia de fuentes de emisiones no estacionarias, incluida la aviación.
El fallo de peligro también ha desempeñado un papel fundamental en la trayectoria de los litigios climáticos en Estados Unidos.
En un caso de 2011, American Electric Power Co. contra Connecticut, la Corte Suprema dictaminó por unanimidad que, dado que las emisiones de gases de efecto invernadero ya estaban reguladas por la EPA en virtud de la Ley de Aire Limpio, las empresas no podían ser demandadas en virtud del derecho consuetudinario federal por sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Por consiguiente, derogar el fallo de peligro "abre la puerta" a litigios climáticos de otro tipo, ya que los demandantes presentarán litigios en tribunales federales, la respuesta o los tribunales determinarían que la EPA está "manejándolo" sin evidencias y que no existe necesariamente una base para litigios federales.
Al eliminar la determinación de peligro se abre la puerta a la cuestión —no necesariamente a un litigio exitoso— y los tribunales tomarán decisiones lesivas a las comunidades por falta de certeza científica.
La Casa Blanca calificó esta revocación como la "mayor desregulación en la historia de Estados Unidos", afirmando que abarataría los automóviles y reduciría los costos para los fabricantes en US$2,400 por vehículo.
Una vez más, se quiere imponer un argumento económico por encima de las medidas preventivas ambientales y climáticas sin medir las consecuencias en la salud humana y ambiental de las comunidades estadounidenses, lo cual podría resultar que “el remedio sería peor que la enfermedad”.
Los grupos ambientalistas afirman que la medida es, con mucho, el retroceso más significativo en materia de cambio climático que se ha realizado hasta la fecha y se disponen a impugnarla en los tribunales. Este podría ser otro caso clásico en el que la extralimitación de la administración Trump se vuelve en su contra.
