Santo Domingo.- El Partido Dominicanos por el Cambio (DXC) depositó hoy una instancia ante la Junta Central Electoral para que investigue las actividades de financiamiento de las últimas tres campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el caso Odebrecht.
El partido pide en además investigar los aportes recibidos y admitidos de manos de la empresa brasileña así como facilitar informaciones que expliquen la fuente de recursos y soportes contables sobre los pagos realizados por Joao Santana y la empresa Poliscaribe.
‘’Que adopten las sanciones administrativas correspondientes a propósito de dichas prácticas ilícitas y en consecuencia proceder a realizar los sometimientos legales de lugar’’, dijo Manuel Oviedo Estrada, presidente del partido a través de dicha instancia.
Afirmó que en estos tiempos de transparencia, es importante aclararle al país que los hechos acontecidos durante las campañas políticas de los años 2010, 2012 2016, las mismas han contado con financiamiento de fuentes espurreas, creando desventajas y daños graves al sistema político y de partidos de la República Dominicana.
Manifestó que razones hay de más para tal acción ya que, ha sido admitido de forma pública por parte del suspendido Secretario de Finanzas del PLD, señor Víctor Díaz Rúa y del señor Juan Temistoclés Montás, la recepción y uso de fondos por parte del (PLD) provenientes de fuentes ilícitas en ocasión del gravísimo caso de corrupción Odebrecht.
Indicó que la (JCE) posee atribuciones reglamentarias, de supervisión y de vigilancia de los partidos Políticos, tanto en su aspecto administrativo como en lo concerniente a la recepción de fondos por parte de dichas entidades.
‘’Es obligación de la Junta Central Electoral, la organización equitativa, transparente, justa y democrática de los procesos electorales, por lo que es ineludible realizar las investigaciones de lugar en relación a las declaraciones y confesiones realizadas por los miembros del PLD en el caso de Odebrecht’’, aseguró.
Agregó que la finalidad y espíritu del financiamiento legal, es que las organizaciones políticas y los candidatos se alejen de actuaciones y fondos provenientes de actividades y personas que violan las leyes.
