Awilda Cuello 
Ana Beatriz Rosario y Manuel de Jesús Dandré. Foto: José De León.
SANTO DOMINGO.- El movimiento «Dominicanos por Derecho» exigió hoy la restitución de la nacionalidad dominicana a más de 130 mil personas que están afectadas por la sentencia 168-13, que los dejó en condiciones de apátridas, según afirmaron.
Ana Beatriz Rosario y Manuel de Jesús Dandré, voceros del movimiento, explicaron que se trata de personas que nacieron en República Dominicana antes de 2010 y les fue retirada su nacionalidad, sin que hasta el día de hoy hayan podido adquirir otra.
Desde 1929 hasta 2010, bajo el principio de ius soli —o derecho de suelo—, República Dominicana concedía la nacionalidad a toda persona nacida en el país, salvo a los hijos de diplomáticos o de personas “en tránsito”. Sin embargo, esto cambió cuando el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13 con carácter retroactivo, la que se establece que no se reconocerá la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos a partir de 1929.
«Todas las personas en el país que han sido afectadas por esa sentencia tienen sus vidas detenidas, son personas que no pueden declarar a sus hijos, es como una cadena, ya han pasado 11 años. Son personas que no pueden tener un trabajo formal, que tienen que buscar alguna manera de vivir, no pueden casarse, no pueden abrir una cuenta bancaria», expresó Rosario.
En 2014, el entonces presidente Danilo Medina promulgó la ley que reconocía la nacionalidad de miles de descendientes de inmigrantes haitianos pero que excluía a quienes no fueron registrados al nacer.
«En mi caso, mi nacimiento fue registrado y se me otorgó oportunamente un acta de transcripción. Sin embargo desde el punto de vista legal el concepto de acta de transcripción no existe. Antes de 2023, las actas eran solo de dos tipos: oportunas o tardías. La novedad del acta de transcripción fue creada por la Junta Central Electoral para aquellos en proceso de naturalización», dijo De Jesús.
De Jesús Dandré explicó que las personas que no estaban registradas originalmente tuvieron la oportunidad de inscribirse y supuestamente aspirar a la naturalización, un proceso que, para los menores de edad, era prácticamente imposible.
«A pesar de que la ley proporcionaba las herramientas para que se llevara a cabo este proceso, la implementación se detuvo seis meses después de su inicio, y en los últimos diez años el proceso se ha paralizado por completo. Aquellos que se inscribieron en el programa de naturalización recibieron una cédula provisional con una vigencia de dos años, con la promesa de que se les otorgaría la nacionalidad dominicana al vencimiento de la misma. Sin embargo, actualmente estas personas tienen sus cédulas vencidas y no han podido avanzar en el proceso», señaló Rosario.
Rosario y De Jesús hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que se comprometa a hacer cumplir la ley «Es evidente que, en el caso de las personas desnacionalizadas y apátridas, la ley no se está aplicando adecuadamente. Si la ley se implementara sin discriminación, la situación podría mejorar significativamente».
