Santo Domingo.- Miles de jóvenes han quedado en una especie de limbo jurídico producto de la sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional, que estableció que a los hijos de extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana  informó hoy Fátima Lorenzo, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana.

La sentencia le quitó la nacionalidad a cerca de 61 mil jóvenes descendientes de migrantes haitianos y de esos en la actualidad 27 mil aún no han podidos acceder a los documentos.

Según el estudio, unas 35 mil personas del denominado Grupo A,  de la ley aún no recuperan su nacionalidad dominicana, a pesar de que muchas de ellas ya poseían documentos oficiales emitidos por el propio Estado dominicano antes de la sentencia 168-13, tales como actas de nacimiento, cédulas de identidad y electoral y pasaporte, dijo Santana entrevistada en el programa El Día, que se trasmite por Telesistema canal 11.

El estudio también encontró que 7,159 personas del denominado Grupo B,  de la ley tampoco han obtenido documentación nacional dominicana a pesar de haber cumplido el proceso exigido por la misma ley 169-14.

La afirmación de Participación Ciudadana se desprende de los resultados obtenidos de una investigación realizada por la organización a cargo de la abogada, Patricia Santana Nina.

La ley 169-14 sobre Registro Civil y Naturalización cuenta con la legitimidad jurídica necesaria para ser cumplida por todos los poderes públicos y autoridades competentes de la República Dominicana.

“Debemos entender esta realidad, y llevarnos como misión el encaminar todos nuestros esfuerzos a que este gravísimo problema no se extienda ni un día más”, indicó Abreu.

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Desnacionalizados

Apátrida, es una persona que no tiene nacionalidad de ningún país.

Eso es lo que según Fátima Lorenzo, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana ocurre con muchas personas que nacieron en República Dominicana, que son dominicanos y no tienen ni la nacionalidad dominicana ni la haitiana.

Apuntó que esa fue una de las consecuencia de la sentencia 168.13, emitida por el Tribunal Constitucional, que estableció que a los hijos de extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana.

De todas las personas afectadas por la sentencia el 88 por ciento son dominicanos de ascendencia haitiana.

“Ni la Junta Central Electoral, ni el Ministerio de Interior y Policía entidades que la Ley mandó a abril una oficina para tratar las personas del grupo B, fue cerrada por la pandemia y no ha sido abierta”, explicó Lorenzo.