Por: Ramón Mercedes

NUEVA YORK.– Dominicanos en esta ciudad consideraron como desacertado el pedido de renuncia al presidente Danilo Medina, hecho por un grupo de intelectuales, profesionales y personalidades de la República Dominicana.

Mediante entrevistas y contactos telefónicos con criollos residentes en el Alto Manhattan, El Bronx, Brooklyn y Queens, pidiéndole su opinión en ese sentido, la mayoría coincidió en que se rompería el orden constitucional y el mandato legal del mandatario.

Asimismo, que el país caería en una situación de impredecibles consecuencias que no le conviene a ningún sector, tanto político, empresarial, profesional, eclesiástico y sindical.

Especificaron que Medina está elegido por el pueblo mediante unas elecciones admitidas y legalizadas por la sociedad, la Junta Central Electoral (JCE), y juramentado ante la Asamblea Nacional, con la presencia de jefes de Estados y diplomáticos de todo el mundo.

Hicieron un llamado al mandatario para que transparentice su gobierno ante los escándalos de corrupción e impunidad que mantienen a millones de dominicanos protestando, porque consideran que la nación va camino a una dictadura de tipo constitucional.

Asimismo, que desista de sus planes reeleccionista, propugne por la aprobación de la ley de Partidos, la Reforma Electoral y la conformación de un Tribunal Superior Electoral (TSE) sin politizarlo, dándole participación real a los sectores representativos, para que la normalidad regrese al país.

Medios de comunicación han publicado un manifiesto pidiendo la renuncia del mandatario, como parte de las soluciones a la crisis política que atraviesa el país.

«El objetivo central e inmediato de la lucha ciudadana es producir la renuncia de Medina por ser un presidente ilegal que se reeligió violando la Constitución y la legislación electoral y utilizando los sobornos y las sobrevaluaciones de las obras públicas contratadas por Odebrecht», dice parte de la proclama.

Añaden que como consecuencia de ello llaman a nuevas elecciones presidenciales, congresuales y municipales en un año, señaló el grupo en el comunicado titulado “Por un nuevo orden democrático que ponga fin a la impunidad”.

Consideran que ha quedado evidenciada la ilegalidad del actual gobierno, “mandato en el cual han sido vulnerados los principios constitucionales con la inversión de una desbordante cantidad de recursos al margen de la ley, provenientes de los sobornos y las sobrevaluaciones de las obras contratadas con la empresa brasileña”.