Santo Domingo. — La producción de cine documental en la República Dominicana ha experimentado un crecimiento cercano al 51 % entre los años 2022 y 2025, como resultado de la implementación de la Resolución CIPAC 2024-232, que establece un tope presupuestario de RD$25 millones para los largometrajes documentales, según reveló un estudio presentado por la Dirección General de Cine (DGCINE), basado en datos oficiales del sistema SIRECINE.
Los resultados del análisis confirman que la medida ha tenido un impacto positivo en la estructura de la producción documental, al promover una mayor diversificación de proyectos y una participación más amplia de productores dentro del sector audiovisual nacional.
Los hallazgos fueron compartidos con la directiva de la Asociación Dominicana de Documentalistas (ACU) durante un espacio de diálogo orientado a socializar los efectos de esta política pública y recoger las impresiones de los actores directamente vinculados al sector.
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La directora general de la DGCINE, Marianna Vargas Gurilieva, destacó que los resultados reflejan una evolución hacia una industria más abierta y con mayor capacidad de autorregulación.
“Desde la Dirección General de Cine reconocemos que la industria del cine avanza hacia una mayor apertura y capacidad de autorregulación. La revisión de los resultados de esta resolución, impulsada a partir del diálogo con el sector documental, evidencia una tendencia positiva a democratizar los procesos, fortalecer la participación y construir consensos para un desarrollo más transparente, inclusivo y sostenible de la cinematografía nacional”, expresó.
Durante el encuentro, la presidenta de ACU, Ingrid Cruz, valoró de forma positiva la iniciativa y subrayó la importancia del diálogo institucional.
“Este encuentro reafirma una visión compartida sobre el fortalecimiento del cine documental dominicano. El estudio evidencia avances en la diversificación de la producción y la incorporación de nuevas voces, y abre un espacio necesario para seguir afinando políticas orientadas a la calidad, la sostenibilidad y el crecimiento del sector”, indicó.
El análisis revela que, tras la implementación de la resolución, se produjo una reducción significativa en la concentración del mercado, permitiendo la participación de un mayor número de productores y fomentando un entorno más equitativo y competitivo.
Asimismo, el informe destaca una recomposición del perfil presupuestario de los documentales, lo que evidencia un proceso de profesionalización del sector. No obstante, subraya la necesidad de continuar fortaleciendo políticas públicas que respalden a productores emergentes y a proyectos de menor escala.
De acuerdo con el análisis estadístico, previo a la entrada en vigor de la Resolución CIPAC 2024-232 no existía una tendencia que explicara estos cambios, lo que refuerza que los efectos observados están directamente asociados a su aplicación.
Estos hallazgos aportan evidencia objetiva sobre el impacto de las políticas públicas en el fortalecimiento del cine documental dominicano y servirán como base para futuras decisiones orientadas a un desarrollo sostenible del sector.
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