Hace escasos días, en las principales ciudades francesas de París, Lyon, Marsella y Lille, se convocaron jornadas contra el encarecimiento de la vida. Dichos acontecimientos sociales degeneraron en barricadas, incendios y saqueos; en Limoges, el histórico ayuntamiento ardió.
Horas después, en las ciudades italianas de Milán, Turín y Bolonia replicaron la escena, y durante dos días consecutivos la plaza del Duomo, corazón de la capital económica de Italia, fue escenario de gases lacrimógenos, cañones de agua y escaparates rotos. Más recientemente, Barcelona, una de las principales ciudades españolas, también convocó a movilizaciones. No se trata de episodios aislados, es el síntoma visible de un malestar que lleva tiempo incubándose bajo la superficie de las democracias más consolidadas del continente.
Entre 550,000 y 800,000 personas salieron a las calles de Francia, según las cifras reveladas por el Ministerio del Interior y las organizaciones involucradas. Estudiantes, trabajadores, empleados públicos, agricultores y antiguos chalecos amarillos reclamaban medidas frente al alza de los alimentos, los combustibles y la energía. En Italia y España, el reclamo ha sido similar: carestía de la vida, salarios bajos, servicios públicos deficientes, etc. Son, esencialmente, las mismas preocupaciones que ocupan la mesa de cualquier familia en Latinoamérica, en África o en Europa: llevar el sustento familiar sin tanto apremio y con mayor dignidad.
Cuando la protesta se viste de disturbio
Hay que distinguir, sin embargo, la marcada diferencia entre la protesta y el disturbio. La inmensa mayoría de quienes marcharon lo hicieron en paz; la destrucción fue obra de grupos minoritarios, muchos encapuchados y organizados para el choque. La violencia no tiene justificación posible: incendiar un ayuntamiento o saquear un comercio no castiga a ningún gobierno, empobrece a la propia comunidad y deslegitima las causas que se procura defender. Pero sería un grave error de diagnóstico reducir lo ocurrido a un problema de vandalismo. Cuando miles se movilizan, el mensaje de fondo no corresponde a un mero hecho de violencia e inseguridad.
Las respuestas oficiales han privilegiado, comprensiblemente, el restablecimiento del orden. En Francia se decretaron toques de queda y el Gobierno prepara un despliegue reforzado para las nuevas movilizaciones anunciadas. El presidente Emmanuel Macron llegó a reconocer fallos en la gestión policial y pidió nuevos formatos operativos. En Italia, Giorgia Meloni aprobó un decreto-ley que endurece las penas, contempla sanciones para menores y sus padres, y dispuso, a su vez, el envío de 500 militares adicionales a Milán hasta fin de año. El orden es una condición indispensable de la vida democrática. Pero el orden, por sí solo, no responde a las inquietudes ciudadanas.
La chispa francesa saltó los Alpes en cuestión de horas, propagada por redes sociales donde la protesta se convoca, se transmite y se imita en tiempo real. En estos acontecimientos se ajusta el criterio de la filósofa Hannah Arendt, cuando dice que el poder y la violencia no son sinónimos, sino opuestos. La violencia irrumpe allí donde el poder, aunque legítimo, se haya erosionado. Estos disturbios son un termómetro de la distancia abierta entre gobernantes y gobernados.
Un dato que estremece y reconfigura cualquier análisis es que, en Milán, alrededor del 80 % de los más de 200 detenidos eran menores de edad. En Francia, el movimiento creció tras semanas de protestas estudiantiles. Estamos ante una generación que percibe el ascensor social con sobradas imperfecciones, que ve inalcanzable la vivienda, precario el empleo e incierto el porvenir. El reto para los Estados no es sólo establecer políticas de contención, sino qué propuestas creíbles le ofrecen a gente joven que apenas empieza a vivir. Donde no hay horizonte, la plaza se convierte en escenario, y el teléfono, en espejo.
Lo ocurrido revela, por igual, una crisis de intermediación. Partidos, sindicatos y parlamentos, los cauces tradicionales por donde las demandas sociales llegaban al Estado, lucen laxos e imprecisos. Muchas de estas concentraciones surgieron de manera espontánea, sin interlocutores visibles con quienes negociar. Los chalecos amarillos ya lo anunciaron en 2018: la democracia representativa, diseñada para los tiempos pausados de la deliberación, enfrenta a una ciudadanía que exige respuestas a la velocidad de un toque de pantalla.
Nuevas herramientas para gobernar
Al referirme a nuevas herramientas, no hablo de un concepto abstracto, sino de una manera distinta de ejercer la autoridad pública: gobiernos capaces de escuchar antes de que la calle asuma incontrolables niveles de estridencia, con sistemas de alerta temprana sobre el malestar social; transparencia en las decisiones que afectan el bolsillo de la gente; mecanismos institucionalizados de participación ciudadana que no se activen sólo en época electoral; coordinación efectiva entre el gobierno central y los gobiernos locales; y, sobre todo, políticas específicas para una juventud que no se siente parte del proyecto común.
Una nueva gobernanza no significa debilidad ni renuncia a la autoridad. Significa entender que la autoridad más sólida es la que descansa en la legitimidad y no en la fuerza. Toda imposición sin consenso es transitoria; todo orden que no se acompaña de respuestas termina por resquebrajarse. Gobernar en el siglo XXI exige firmeza frente a la violencia y, al mismo tiempo, humildad para reconocer que detrás de cada crisis de orden público hay casi siempre una deuda social pendiente.
América Latina conoce bien esta lección. Chile en 2019 y Colombia en 2021 demostraron que ninguna sociedad es inmune cuando el costo de vida aprieta y las instituciones carecen de una interpretación resuelta. Por eso gobernar es anticiparse, dialogar, proteger el poder adquisitivo, ampliar oportunidades y ofrecer espacios de pertenencia. La cultura, el deporte, la educación y el empleo digno son también políticas de convivencia, porque un joven que encuentra su lugar en la comunidad no necesita buscarlo entre los escombros.
Los disturbios son el síntoma, no la enfermedad. Las vitrinas rotas de Milán se repararán en semanas y el ayuntamiento de Limoges será restaurado; pero reconstruir la confianza entre ciudadanos e instituciones tomará mucho más tiempo. La tarea de nuestra generación de servidores públicos es escuchar a tiempo, responder con hechos y demostrar que la democracia sigue siendo el mejor instrumento para transformar el descontento en esperanza.
