El anuncio del presidente Danilo Medina, en su comparecencia reciente en la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, de que enviaba al Congreso un proyecto de modificación razonable de la Ley n.º 87-01 para mejorar las funciones de la Tesorería de la Seguridad Social, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), incorporar a decenas de miles de afilados cuyos patronos han acumulado enormes multas y reducir el margen de beneficios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ha revivido los intereses de aquellos que lejos de mejorar el actual sistema añoran regresar a un pasado imposible e inviable.
Lejos de concentrar los argumentos en cómo se pueden mejorar las pensiones futuras de manera significativa, a pesar de los pírricos salarios bajos de la mayoría de los afiliados y el gran problema de la discontinuidad en la vida de las aportaciones a sus cuentas de capitalización, ha sido más fácil intentar concentrar la atención pública en los beneficios de las AFP, cuyos argumentos apelan a un razonamiento populista en procura de simpatías, dando la espalda al tema real: las futuras pensiones.
En un país donde aun no hay mecanismos razonables y relativamente fáciles de ejecutar para que los trabajadores independientes, aquellos que son sus propios patronos, o que las pequeñas y micro empresas puedan afiliarse y cotizar, es un sistema cojo.
Peor aun, a sabiendas de que el cincuenta por ciento de los empleados están en condición de informales, cómo puede pregonarse que el tema no es otro que procurar formas viables para incorporar y proteger a esta mitad del total de trabajadores.
Y no hablemos de los desempleados. ¿De qué protección gozan? No busquemos la culpa en los administradores de las cuentas de capitalización ni siquiera en el diseño de la propia ley que regula el sistema.
La realidad es una falta de capacidad en las finanzas y gestión pública para solventar estos desafíos. ¡Orientemos los cañones hacia el enemigo, no al horizonte!
