El Gobierno anunció el retiro del proyecto de ley de “Modernización fiscal” debido a las fuertes presiones ejercidas por amplios sectores.
La resistencia registrada era previsible, pues el proyecto atacaba una serie de exenciones que por años han beneficiado a sectores en detrimento de otros.
Los beneficiarios de las distorsiones se ampararon en algunos reclamos que lucían justos. Dicho de otra manera: los lobos se ampararon en las ovejas para entrar al corral.
Los reclamos de revisar el alcance de la propuesta de ampliación de ITBIS, la ampliación de la base del Impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI) y la eliminación indiscriminada de algunos incentivos eran atendibles.
Sin embargo y pese a la decisión de retirar el proyecto no valida distorsiones inaceptables como las que se producen con incentivos como los del Confotur, los fideicomisos y la ley de cine o Proindustria. Esas legislaciones tienen que ser revisadas y corregidas al margen de que haya o no reforma fiscal integral.
No es posible que estaciones de combustibles, viviendas familiares de lujo, clínicas privadas se amparen en beneficios de una legislación pensada para la industria hotelera.
Tampoco puede permitirse que miles de millones de pesos sean desviados amparados en la ley de cine y que en nada benefician a la industria local o que empresarios mal intencionados conviertan propiedades familiares o sus cuantiosos beneficios en fideicomisos para evadir impuestos que todos los otros pagan.
Eso hay que eliminarlo porque verdaderamente sangran a la población y desvían recursos que pueden ser utilizados para los planes de acción social del Estado.
La discusión presente sacó a relucir muchas de esas distorsiones, que no deben seguir.
