Otros han dicho, antes que yo, que la existencia de tantas dependencias del Estado que inciden en el problema del tránsito de vehículos y el transporte de pasajeros es la causa principal del caos imperante en esa área.
Ahí están la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), la Dirección General de Tránsito (de Obras Públicas), la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana del Distrito Nacional (del Ayuntamiento), el Fondo de Desarrollo del Transporte (Fondet), la Oficina para el Reordenamiento del Tránsito (Opret), y no sé cuántas entidades más se pueden agregar a la lista.
Por si fuera poco, inciden también en el agudo problema los sindicatos, que controlan las rutas en las principales ciudades, y hasta los partidos políticos, que se disputan derechos que nadie les ha dado, para presionar a los gobiernos por cualquier quítame esa paja.
El Gobierno tiene ahí una magnífica oportunidad para enderezar entuertos, simplificando el problema mediante un decreto o una ley que refunda esa torre de Babel en una sola oficina que se ocupe de todo lo relacionado con el tránsito y el transporte.
Y de paso se economizaría unos cuantos pesos. Además, ¡esta es otra de las cosas que nunca se han hecho!