Resulta saludable que las decisiones trascendentes sean tema de debate nacional y que se expresen de manera abierta todas las posiciones, aún aquellas absurdas.

Sin embargo, las decisiones deben tomarse en función del mayor beneficio para la nación y la racionalidad.
Las discusiones sobre proyectos mineros importantes siempre deben ser bien acogidas, sin descartar a priori ningún argumento.

Pero el Gobierno tiene la obligación de tomar decisiones razonables.
Cada proyecto minero importante ha sido objeto de amplios debates. No se puede pretender que el proyecto Romero para la explotación de oro en una zona de San Juan de la Maguana sea la excepción.

Lo primero que se debía determinar era si realmente se trata de un yacimiento comercialmente explotable. Los estudios de exploración han dado respuesta positiva.

Ahora procede la discusión sobre la factibilidad ambiental y social de la explotación del mineral.
La parte de las pasiones y los prejuicios (a favor y en contra) ocupan un espacio en toda discusión, pero al final las decisiones deben ser sobre la base de la racionalidad y la conveniencia general.

Hay que poner sobre una balanza técnica el impacto ambiental que pueda tener, antes de determinar la conveniencia económica.