El Día 
Presidente Abinader
Señoras y señores.
Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes en esta vigésima séptima Conferencia Anual, un espacio donde se vienen abordando los retos más apremiantes de nuestra región.
El pasado 19 de mayo fui reelecto en la primera vuelta electoral para un segundo y último mandato como presidente de República Dominicana. Además, logrando una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso Nacional. Esta fue la decimotercera elección presidencial consecutiva en mí país desde la transición a la democracia en 1978, seis de las cuales han implicado la transferencia pacífica del poder de un partido a otro. Todo esto refuerza mi compromiso y el del Partido Revolucionario Moderno con la preservación de la democracia dominicana.
Nos encontramos en un momento crucial para la democracia en América Latina y el Caribe. En las últimas décadas, hemos sido testigos de un preocupante deterioro en la calidad y el apoyo a los sistemas democráticos. De acuerdo a la reconocida encuestadora Latinobarómetro, solo el 48% de los latinoamericanos apoyaba la democracia como sistema de gobierno en 2023, una alarmante caída de 15 puntos desde 2010 cuando registró 63%. El estudio también señala un aumento de la indiferencia hacia el sistema político que pasó de 16% en 2010 a 28% en 2023, y un ligero aumento del apoyo al autoritarismo que pasó de 14% a 17%.
Múltiples factores inciden en este declive, entre ellos, las secuelas de los frecuentes embates económicos globales desde finales de los años 90. Pero otro factor igualmente importante al que apunta el estudio de Latinobarómetro es que los ciudadanos no perciben los beneficios tangibles de la democracia. La encuesta también destaca entre las grandes preocupaciones el personalismo, la corrupción y la permanencia en el poder más allá de las reglas, todo esto unido al auge de actitudes populistas y autoritarias en la gobernanza, además de la pérdida de confianza en los partidos políticos que son vistos como instrumentos que facilitan todo lo anterior.
Frente a ese panorama, resulta imprescindible reflexionar sobre las tendencias que han contribuido a esta situación. Entre ellas, destaca la propensión a perpetuarse en el poder y la reelección indefinida, que en los últimos 30 años han ganado fuerza erosionando la democracia. El caso más reciente es el de Venezuela, que combina factores como la concentración del poder y la persecución de la oposición y los medios de comunicación.
Importantes órganos de derecho internacional han enfatizado que la reelección indefinida es incompatible con la democracia y que además no es un derecho humano fundamental, sino una modalidad de la contienda electoral. La Comisión de Venecia emitió una opinión en 2018, manifestando que “en un régimen presidencial, los límites a la reelección presidencial deben considerarse necesarios para mantener el sistema democrático”.
Por su parte, en su opinión consultiva número 28 de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que “la permanencia en el poder de un presidente por un largo período de tiempo afecta la independencia y la separación de poderes” y que “la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa”.
Amigas y amigos, la historia nos ha enseñado que la alternancia en el poder es esencial para garantizar un ejercicio político responsable y genuinamente participativo.
En esta misma línea, debemos reconocer que un principio esencial de la democracia es que el perdedor debe aceptar su derrota y ejercer una oposición leal y constructiva. De la misma forma, el ganador no debe avasallar ni doblegar al adversario. La democracia no puede ser ejercida únicamente por y para los ganadores. La mayoría debe garantizar el respeto y la inclusión de las minorías que gozan de iguales derechos y deben ser tratados con equidad y justicia.
Entre los ciudadanos de una democracia hay un vínculo horizontal que se refleja en el principio elemental de que cada voto tiene el mismo valor, por eso el vértice de la democracia es la elección libre, justa y transparente que expresa la voluntad soberana del pueblo. La confianza en el proceso electoral es clave para la cohesión política de una nación.
En el centro de toda democracia auténtica reside un compromiso fundamental con la defensa de los derechos humanos, que no solo protegen la dignidad y la libertad de cada individuo, sino que también forman la base sobre la cual se sustenta la legitimidad del poder político.
Como bien lo ha señalado el filósofo Jürgen Habermas, la democracia y los derechos humanos están conectados: uno no puede existir plenamente sin el otro. Los derechos humanos colocan en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos; a su vez, la democracia otorga legitimidad y vigencia a estos derechos a través de la deliberación y el consenso.
Las tensiones políticas y sociales desafían constantemente los cimientos democráticos por lo que debemos reafirmar nuestro compromiso con este principio, asegurando que las instituciones no solo sean democráticas en su forma, sino también en su esencia.
Con la mirada puesta en el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos hace dos semanas presenté una reforma constitucional ante el Congreso dominicano, que busca consolidar el límite claro al tiempo permitido a un presidente para permanecer en el poder: dos períodos consecutivos y ¡nunca más!
Además, se propone una cláusula pétrea, para evitar una futura reforma constitucional que permita la entronización en el poder de un nuevo gobernante. Dicha cláusula tendrá el mismo estatus de los otros principios inamovibles consagrados por una norma constitucional que dispone categóricamente que nuestra forma de gobierno será siempre civil, republicano, democrático y representativo.
Se trata de una acción preventiva frente a cualquier intento por perpetuarse en el poder. en el pasado, esta ha sido una práctica desestabilizadora promovida por líderes políticos dispuestos a subordinar y sacrificar el bien común a sus ambiciones personales.
Otro aspecto de la reforma es el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Específicamente proponemos que la designación del procurador general de la República no sea una facultad exclusiva del presidente de la República, sino una decisión conjunta con el consejo nacional de la magistratura, máximo órgano encargado de la designación de los jueces de las altas cortes.
El alcance de esta reforma propone dejar un legado de mayor estabilidad política, y social a las futuras generaciones. El pueblo dominicano me entregó, mediante su voto en las pasadas elecciones, la mayoría congresual más extensa en la historia de nuestra reciente democracia y mi respuesta a ese enorme compromiso y responsabilidad es limitar el poder al actual y futuros gobernantes. Estoy convencido que, al momento de ser juzgada en el futuro, esta reforma será vista como un paso decisivo para la consolidación de una democracia más fuerte y moderna.
Señoras y señores,
La defensa de la democracia no se limita a mejorar los aspectos procedimentales. Como ya dije, y como expresara en la cumbre por la democracia el presidente Joe Biden, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para que la democracia se traduzca en el bienestar concreto en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Para lograr lo anterior, la seguridad ciudadana sigue siendo uno de los grandes retos. Es, además, un componente del Estado de derecho, esencial para garantizar la vigencia de los derechos humanos y, por lo tanto, un requisito sine qua non para el progreso y la estabilidad social.
Para República Dominicana la seguridad es un pilar fundamental de la gobernabilidad. En los últimos años, hemos logrado reducir significativamente la tasa de homicidios, pasando de 13.2 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 9.9 en 2024, hasta la fecha. Este resultado no es fortuito: se debe a una estrategia integral que combina la aplicación rigurosa de la ley con la atención a las causas subyacentes al crimen.
Las amenazas a la seguridad trascienden las fronteras nacionales. El narcotráfico y el crimen organizado corrompen instituciones, generan migración y desestabilizan las economías. Dada la posición geográfica y estratégica, República Dominicana se encuentra en las rutas del tráfico de drogas, lo que nos ha obligado a redoblar la lucha contra ese flagelo. La efectividad de esos esfuerzos queda evidenciada con las incautaciones de drogas logradas durante mi primera gestión que acaba de finalizar: incautamos 148,826 toneladas de drogas en cuatro años, más del doble que en los 16 años previos. El promedio anual de incautación de narcóticos fue de 38,160 toneladas, frente a solo 4,845 en los 16 años anteriores, es decir 8 veces más por año.
Pero el narcotráfico no es una amenaza aislada; se interrelaciona peligrosamente con la crisis migratoria, facilitando la explotación de grupos vulnerables por poderosas redes criminales, incluyendo la trata de personas. Este ciclo de abuso y violencia afecta la paz social y también sobrecarga las instituciones, disminuyendo la capacidad de los Estados para garantizar la seguridad ciudadana.
Reconocemos, sin embargo, que la prevención del crimen requiere una intervención profunda en las raíces causales de la delincuencia. Por ello, hemos invertido fuertemente en la educación y en la creación de oportunidades laborales para nuestros jóvenes. Este enfoque preventivo es indispensable para garantizar la seguridad y construir una sociedad más justa y equitativa.
La crisis en Haití merece una mención aparte. La inestabilidad en el vecino país ha generado una enorme presión sobre nuestra seguridad, y hemos enfatizado claramente que la comunidad internacional debe asumir un rol protagónico y sostenido en la estabilización de Haití. Esto es una necesidad estratégica para la seguridad en el Caribe. Continuaremos colaborando con la comunidad internacional para lograr este objetivo, no debemos permitir que Haití vuelva a caer en el olvido.
Señoras y señores,
Otro reto de gran envergadura en la lucha por preservar la democracia es la construcción de Estados de bienestar. Por ello, mi segundo mandato estará enfocado en fortalecer las condiciones a nivel regional para promover desarrollo económico sostenible.
República Dominicana es un ejemplo de dinamismo económico, demostrando con resultados concretos que es posible lograr un crecimiento robusto y sostenible en este desafiante entorno global. Nuestro crecimiento económico en las últimas décadas ha sido excepcional. En el 2023, nuestro PIB per cápita alcanzó los 11,200 dólares, consolidando una economía de ingresos medio altos y convirtiéndonos en la séptima economía en América Latina y el Caribe.
Entre 2021 y 2023, nuestro Producto Interno Bruto (PIB) creció a un promedio anual del 6.5%, superando ampliamente el promedio regional. Para 2024, el Fondo Monetario Internacional proyecta para República Dominicana un crecimiento de 5.4%, una cifra notablemente superior al 1.9% para América Latina. Este es el resultado de políticas económicas prudentes, una sólida seguridad jurídica para la inversión privada y un entorno político estable.
Hemos creado un marco legal y regulatorio que agiliza la permisología y ofrece previsibilidad y confianza a los inversionistas. Esto ha permitido que la inversión extranjera directa alcanzara una cifra récord de más de 4,390 millones de dólares al cierre de 2023.
Recientemente, República Dominicana firmó acuerdos de Cielos Abiertos con Estados Unidos y Canadá. Estos convenios fortalecen nuestras relaciones bilaterales y liberalizan el comercio y la aviación. Esto va acorde con el objetivo prioritario de convertir a República Dominicana en un hub logístico dada la envidiable conectividad aérea y marítima que permite la estratégica ubicación país.
Los 17 años de vigencia del acuerdo de libre comercio, RD-CAFTA, ha sido fundamental para atraer inversiones, eliminar barreras comerciales, promover la transparencia y reforzar nuestras relaciones con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.
Las zonas francas constituyen otro de los motores de crecimiento económico dominicano, aportando casi 200.000 puestos de trabajo y aproximadamente 8 mil millones de dólares en exportaciones en 2023. Estas industrias han ido escalando en la cadena de valor y hoy día exportan bienes de alta tecnología, como dispositivos médicos y equipos electrónicos. Como dije en mi reciente discurso de juramentación: “esto nos permite también tener mejores empleos, más cualificados y mejor remunerados y nos posibilita seguir en nuestra apuesta para que en los próximos años nuestro país sea de los pocos candidatos mundiales que califiquen para el ensamblaje de semiconductores. Tenemos la formación, tenemos la red de contactos y aliados y tenemos un ecosistema favorable para conseguirlo.”
La cooperación internacional es esencial para crear un entorno en el que todos podamos prosperar, donde los beneficios del comercio y la inversión se distribuyan de manera equitativa, y donde la estabilidad económica se traduzca en mejoras tangibles en la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Un componente crucial para fortalecer las economías a nivel regional sería la aprobación del Américas Trade and Investment Act, un proyecto de ley que aún espera su aprobación en el Congreso de Estados Unidos. Este cuerpo legislativo es un recurso que podría transformar las relaciones económicas en las Américas al promover la integración y fortalecer los lazos comerciales, facilitando el nearshoring de industrias clave hacia nuestra región.
También estamos comprometidos a continuar colaborando con el desarrollo de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP. Esta importante iniciativa de la cual encabezamos el grupo de trabajo de ética y anticorrupción, tendrá a inicios del 2025 su próxima cumbre presidencial en Costa Rica.
Apreciadas amigas y amigos, antes de finalizar mis palabras quisiera referirme a otro tema de gran importancia para nosotros: la décima Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Punta Cana, durante la primera semana de diciembre de 2025. Estamos trabajando activamente con la Secretaría de Cumbres de la OEA y el Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres en la organización de ese evento, cuyo éxito es un compromiso de mi gobierno.
Con el propósito de reflexionar sobre los principales éxitos alcanzados en las pasadas cumbres e identificar insumos valiosos para la próxima, celebraremos este próximo diciembre un encuentro para conmemorar el 30 aniversario de las Cumbres de las Américas.
República Dominicana está comprometida a liderar con el ejemplo, trabajando estrechamente con nuestros socios regionales e internacionales para construir un futuro de prosperidad compartida. Juntos, podemos crear un hemisferio más fuerte, más justo y más unido, donde el crecimiento económico beneficie a todos, donde la estabilidad sea el cimiento de nuestro progreso común y donde la democracia se profundice y fortalezca garantizando el respeto por las libertades y los derechos fundamentales de todos.
