SANTO DOMINGO.- La corriente magisterial José Francisco Peña Gómez y dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) consideran vergonzosa y retrograda e inconstitucional la sentencia de un juez en Barahona que prohíbe la lucha por mejores condiciones de trabajo para el magisterio dominicano.
Francisco Franco de los Santos, Xiomara Guante y Juan Humberto Santos, principales dirigentes de dicha corriente en el seno de la ADP, rechazaron la sentencia por considerarla como una maniobra de manipulación de las autoridades del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana, con el develado propósito de desvirtuar el curso de la lucha del magisterio en su justas demandas, sosteniendo la falsa idea de que los maestros son los culpables de que el desayuno escolar no cumpla con los criterios requeridos.
Anunciaron que acudirán este jueves a la ciudad de Barahona a brindarles apoyo y solidaridad a los maestros afiliados en la ADP en esta ciudad y en la región Sur, con miras a reforzar la lucha por mejores condiciones salariales, capacitación, mejorar el desayuno y almuerzo escolar.
Afirman que lejos de amilanar la lucha del magisterio lo que conseguirán es incrementarla de manera ascendente, ya que es claro desafío al magisterio organizado en la Asociación Dominicana de Profesores que sin dudas profundizará la movilización en ámbito nacional en las próximas horas.
Señalan que el artículo 6.- de la Constitución Dominicana dice textualmente “Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.
» Resulta extraño y decepcionante que esto ocurra en un Estado que según la Constitución dominicana se denomina “Estado social y democrático de derechos”, ¿o el Estado se ha vuelto represivo y acciona contra los trabajadores? ¿Es el presidente Medina, el Ministro de Educación o EDUCA que acciona?», dijeron
Dijeron que “ante los múltiples problemas de la tanda extendida, la negativa a cumplir con la evaluación de desempeño, adecuar el curriculum, mejorar el ambiente escolar y aumentar la calidad de la educación, quieren hacerle creer al pueblo que una de las víctimas son los culpables”.
“Esa sentencia es un abierto retroceso de la libertad de asociación y desconocimiento de uno de los derechos fundamentales más antiguos conquistados por los trabajadores como el derecho a la sindicalización y la protesta” afirman.