Fuerza del Pueblo, PLD y PRD solicitan interpelación de Faride Raful por incautar «bienes personales» (bocinas) sin orden judicial

Santo Domingo.– El bloque de diputados del partido Fuerza del Pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Dominicano, sometió este martes una resolución mediante la cual solicita formalmente la interpelación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful por incautar bienes personales (bocinas) sin orden judicial.

Además de Faride Raful, el texto también incluye al director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por considerar que han dirigido una política de seguridad pública caracterizada por el irrespeto sistemático a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La pieza legislativa, depositada ante la Cámara de Diputados, expone una serie de considerandos constitucionales y legales que, según sus proponentes, sustentan la necesidad de que ambos funcionarios (Faride Radul y el Guzmán Peralta)  comparezcan ante el hemiciclo para ofrecer explicaciones detalladas sobre los constantes operativos policiales que, a juicio del partido opositor, se realizan al margen del debido proceso y sin las garantías jurídicas mínimas.

Lea: Faride Raful advierte que actuarán contra quienes alteren el orden en convocatorias populares

Faride Raful ha cerrado negocios arbitrariamente desde Interior y Policía

De acuerdo con la resolución, las acciones desarrolladas por Faride Raful en coordinación con la Policía Nacional, han derivado en el cierre arbitrario de negocios, detenciones sin orden judicial, incautaciones de bienes y allanamientos sin previa autorización judicial. 

Dichas prácticas, sostiene el documento, constituyen una violación a los artículos 44, 51, 69 y otros de la Constitución dominicana, que garantizan derechos como la inviolabilidad del domicilio, la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a la propiedad privada.

«El Congreso Nacional tiene no solo la facultad sino la responsabilidad de ejercer un control político efectivo sobre las políticas públicas. Y ante el patrón sostenido de abusos policiales, es imperativo que estas autoridades respondan ante el país», sostiene uno de los considerandos de la resolución, citando el artículo 93 de la Constitución.

Además, la propuesta legislativa alerta sobre un preocupante patrón de uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales, incluyendo la ejecución de disparos contra viviendas, establecimientos comerciales, vehículos y ciudadanos, sin justificación legal ni consecuencias disciplinarias aparentes. 

Esta conducta, según los partidos opositores, evidencia una cultura de impunidad y un fracaso en la conducción de la política de seguridad pública.

También se cuestiona la supuesta incursión de los cuerpos de seguridad en ámbitos que escapan a sus competencias, como la regulación de la contaminación sonora, lo cual ha dado lugar —según denuncias recogidas en medios y redes sociales— a la clausura irregular de negocios, alegando violaciones no demostradas ni sustentadas en decisiones judiciales.

Ante este panorama, el bloque opositor considera que se han vulnerado principios básicos del derecho administrativo, como la legalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad, así como la propia Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16) y la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración.

Lo que propone la resolución contra Faride Raful

1. Interpelar a la ministra Faride Raful y al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quienes deberán comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados para explicar las bases jurídicas, técnicas y operativas de los mencionados operativos.

2. Comunicar la decisión a ambos funcionarios para que se tomen las previsiones necesarias a fin de cumplir con el requerimiento legislativo.

3. Publicar la resolución en los medios de circulación nacional y en las plataformas digitales oficiales de la Cámara de Diputados.