La Cámara de Diputados mantiene congelado, a riesgo de perimir, el proyecto de Ley para reformar al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) sometido por el presidente Luis Abinader el lunes 22 de junio de 2021, aprobado en el Senado el 12 de enero de 2022 luego de amplias discusiones y superadas las reservas de algunos sectores del empresariado.
El proyecto procura adecuar la regulación del Sistema Nacional de Inteligencia, creando una Dirección Nacional de Inteligencia como entidad rectora dependiente del Poder Ejecutivo para sustituir al actual DNI, una dependencia del ministerio de las Fuerzas Armadas, aunque reporta directamente al Presidente de la República, cercanía simbolizada por tener su sede adyacente al Palacio Nacional.
Al conocerse inicialmente el proyecto, la Asociación de Bancos Comerciales y otras entidades financieras y empresariales expresaron discretamente su preocupación de que la nueva ley pudiese afectar las operaciones de sus instituciones al contradecir o invalidar algunos aspectos de la Ley No. 183-02 que establece el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero del país, incluyendo previsiones contra el lavado de activos y salvaguarda del secreto bancario.
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