SANTO DOMINGO.- El Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró este martes que el déficit que existe en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) supera los RD$20,000 millones, por lo que solicitó una auditoría pública independiente de la ARS estatal que cubra desde 2018 hasta la fecha, con informe accesible a la población.
Gustavo Sánchez, vocero de la bancada, dijo que esta cifra no se justifica por mayor demanda de servicios o aumento de afiliados que tenga dicha institución. Sugirió que se emita un informe periódico al Congreso sobre el avance de las investigaciones, acciones sancionatorias, recuperación de los fondos perdidos y medidas correctivas.
Sánchez explicó que los informes disponibles indican la existencia de un déficit operacional acumulado en el régimen subsidiado de RD$3,372.8 millones según datos de SISALRIL.
“En SENASA se han contratado prestaciones, programas o servicios que no forman parte del Plan de Servicios de Salud (PDSS), lo que genera gastos no planificados y posiblemente con menos control”, puntualizó Sánchez.
Indicó que además hay morosidad y demoras en pagos a prestadores de salud (clínicas, laboratorios, farmacias), los cuales han reportado retrasos largos en los pagos de los servicios prestados, afectando las operaciones de esos prestadores.
El legislador precisó que la SISALRIL no detectó estos problemas tempranamente porque la información que recibía estaba maquillada, lo que agrava la situación. Citó como ejemplo, casos en que una autorización costaba RD$20,000, se reportaba a SISALRIL como si costara RD$2,000.
“Eso se hacía con datos alterados que se enviaban a SISALRIL, para ocultar la magnitud del déficit”.
En ese sentido la bancada peledeista propuso que haya transparencia en los contratos y gastos fuera del Plan de Servicios de Salud (PDSS): que se publiquen montos, contratos, empresas beneficiadas, criterios de adjudicación.
Asimismo, recomendó el fortalecimiento de SISALRIL con mejores sistemas de control, sanciones claras, personal con capacidad para hacer seguimiento, denuncias, fiscalización continua y protección de fondos de reserva social, asegurándose que no se usen indebidamente para otras áreas, y que su uso esté regulado y supervisado.
Sugirió también garantías de continuidad en la prestación de servicios para los afiliados, incluso durante las investigaciones, asegurando que no haya interrupciones en tratamientos, medicamentos, diagnósticos.
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