La lucha por el derecho y la democracia es inacabada. Quienes más pregonan la necesidad de dotar al país de normas y procedimientos para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales se constituyen, muchas veces, en sus enemigos.
Los avances en lo formal, con manifestaciones prácticas destacables, perecen ante el fenómeno criminal, que amerita atención y recursos importantes del Estado, cuyas respuestas no se limitan a los instrumentos de intervención, la norma y la sanción.
Ahora que los diputados aprobaron modificaciones al Código Procesal Penal (CPP), poniendo en jaque las garantías contenidas en la misma Constitución aprobada por ellos con bombos y platillos, elevando el plazo de la prisión preventiva hasta tres años en algunos casos, llevándose de encuentro el principio de presunción de inocencia, entre otros desaguisados, sería recomendable ver a un legislador investigado por violencia de género, corrupción, lavado de activos o por el uso de fondos públicos, aun cuando la Constitución lo veda (Barrilito y Cofrecito), preso preventivamente por dicho período, hasta tanto un tribunal determine su culpabilidad o descargo.
La política criminal no debe aprovechar el respaldo populista y no puede ser fruto del impulso político oportunista, pues el camino de la judicialización de la política, como el que están transitando los legisladores, termina dejando en segundo plano la verificación de la realidad social de miseria, de falta de educación, de trabajo, oportunidades, igualdad, de crecimiento económico sin equidad y, además, solapa la valoración de la gravedad de las conductas enjuiciadas.
La reforma al CPP es a la delincuencia como la masiva propaganda de los incumbentes de las instituciones públicas en su afán protagonista, que suenan bien y llevan una sensación de mejoría en la seguridad ciudadana y de rendición de cuentas, pero que la realidad delincuencial y corrupta se lleva de encuentro. El tema es muy serio para relajarlo.
