SANTO DOMINGO.-La diputada nacional Guadalupe Valdez rechazó hoy una reforma constitucional «para favorecer los intereses de una persona o de un partido o grupo político».
Dijo que las propuestas que se hagan para una reforma constitucional deben emanar del seno del pueblo y responder a sus aspiraciones, necesidades y derechos.
Advirtió que la iniciativa actualmente en curso para hacer un cambio en la Constitución no la está planteando la ciudadanía y no hay nada que indique que el país va a cambiar porque haya repostulación o reelección presidencial.
No se trata de una buena, mala o regular gestión del presidente en ejercicio, sino de la importancia que tiene para el mejor desenvolvimiento de la vida ciudadana que los acuerdos que se adopten según normas genuinamente democráticas sean respetados por todos independientemente de su posición económica, social, ideológica o política, indicó.
«Nuestra posición se fundamenta en la defensa de los intereses de toda la sociedad que deben ser salvaguardados por la Constitución de la República, y lo que la historia nos dice, es que de las 38 modificaciones que se han hecho a la Carta Magna 32 han sido para satisfacer apetencias personales o partidarias. Esto quiere decir que lo que ha predominado en la política dominicana no han sido los intereses de la población», expresó la diputada.
Explicó que para legitimar plenamente las transformaciones de un texto tan importante y determinante en la sociedad, es preciso ante todo reconocer el derecho de la ciudadanía a decidir sobre él, preferiblemente mediante una asamblea constituyente integrada por los más diversos y legítimos representantes de los diferentes sectores de la sociedad o a través de la celebración de un referendo.
En su opinión, la Constitución de la República aprobada en 2010 fue un gran logro porque validó determinados derechos tales como el derecho a la igualdad, a la libertad, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y culto, a la alimentación, a los recursos naturales y protección del medio ambiente y otros, aunque en muchos casos no se aplican, dado que carecen de los instrumentos legales requeridos para su pleno ejercicio.
Pero, a su vez, acotó, esa misma Constitución no satisfizo otros derechos que son reclamos legítimos y sentidos del pueblo dominicano, tales como el derecho a preservar la vida de la mujer ante el riesgo de su salud por embarazo y a decidir sobre su interrupción en caso de incesto o violación, el derecho a un desarrollo íntegro independientemente de la preferencia sexual, la revocación de mandatos, el Estado Laico, incluso el propio derecho a una asamblea constituyente, asignaturas pendientes de una reforma que responda a estas demandas, que siguen presentes en la sociedad y se expresan de múltiples maneras, solo es necesario poner el oído receptivo para escucharlas. Ello requiere de voluntad política.
«Últimamente se ha multiplicado la insistencia en el justo reclamo social de una justicia con plena independencia para el combate a la corrupción. Es imprescindible que el método de selección de los jueces del principal órgano judicial, la Suprema Corte de Justicia -factor decisivo para el buen gobierno en un genuino Estado de Derecho- asegure, además de los requisitos de honestidad, profesionalidad y experiencia, el de la neutralidad política», manifestó.
Consideró preocupante que la reforma que hoy se está planteando no se sustente en una visión de futuro respecto al concepto de la reelección, que aun de aprobarse debería ser aplicable después de las próximas elecciones presidenciales.
Sostuvo que «además de lo ilegítimo que resulta la imposición de tal modificación, el modo en el que se está llevando a cabo generada desde una élite partidista, ejerciendo autoritariamente su poder y con una premura que solo se condice con la esencia oportunista de tal iniciativa, evidencia el menosprecio a la democracia y a la institucionalidad».
Entiende que el proceso de reforma debe garantizar no solo que no esté manipulado utilitariamente por intereses individuales o grupales y que no responda a las urgencias de esos intereses, sino que esté sustentado en una visión de futuro y pensando en su importancia y trascendencia para la sociedad dominicana.
Subrayó que es imprescindible que la Carta Magna sea bien conocida por toda la población para que sirva para construir una ciudadanía empoderada de sus derechos y responsable con sus obligaciones para con la sociedad. Es el modo práctico y directo de respetarla en la vida diaria. La Constitución de la República debe ser impartida en el sistema nacional de educación, a ella se debe recurrir en los medios de comunicación, en la argumentación de las políticas y en los discursos.
«El respeto a la Ley de Leyes de la nación es equiparable al respeto a los símbolos de la patria. Nuestro país necesita una nueva Constitución. Trabajemos juntos, con el rigor, sentido de la justicia, cultura democrática y vocación de servicio al pueblo que tal empeño exige», señaló.
