En las últimas semanas, quizás inspirado por el fin previsible del vacatio legis, se ha reanudado con fuerza el debate sobre el nuevo Código Penal. En esta ocasión el nudo es la peligrosísima configuración de los tipos penales que inciden sobre la libertad de expresión.
La descripción de las conductas sancionables es excesivamente amplia y, en algunos casos, claramente inconstitucional. Por ello, diversos sectores de la vida nacional han recomendado que se posponga la entrada en vigor del Código, con el propósito de que las faltas más graves puedan corregirse.
Para mí, la respuesta de buena parte de los que se oponen a esta idea ha sido sorprendente en su falta de enfoque. Empiezan diciendo que se tuvo un año para criticar las deficiencias del Código, como si eso no fuera lo que se está haciendo ahora. Algunos lo señalan a pesar de que reconocen que sus propias críticas fundamentadas fueron ignoradas olímpicamente en el Congreso.
Luego, de manera inexplicable, reconocen las faltas de la pieza legislativa, admiten que hay tipos penales mal configurados, y aceptan que existen inconstitucionalidades evidentes, pero insisten en que el Código entre en vigencia así, como que eso no es nada. Que luego los jueces verán lo que hacen y corregirán sobre la marcha. A Dios que reparta suerte.
En mi opinión, esa es una posición dañina para el estado de Derecho y que pone en peligro el clima de libertades en el país. La razón es sencilla: el Código Penal es la norma que se usará para encarcelar a los dominicanos, pretender que entre en vigencia con faltas tan graves como las admitidas por todos es jugar con la libertad de las personas.
Y es que, contrario a lo que pensamos los abogados, el proceso penal es un castigo en sí mismo. No se trata sólo del resultado final, sino también las semanas, meses y años que sufrirán las personas en su viacrucis judicial bajo ese Código.
El nuevo Código Penal tiene sus virtudes, eso tampoco lo niega nadie, pero sus defectos son demasiado graves para ignorarlos. Un Código Penal no es una ley para el comercio o los tratos entre privados, es la ley que determina cómo el Estado usa su capacidad de enjaular a las personas. Sus efectos pueden ser devastadores.
Por eso, el Código debe esperar, la vida de la gente vale más.
