Las declaraciones del alcalde Dío Astacio sobre el asfalto en Santo Domingo Este han generado comentarios, críticas y algunas interpretaciones apresuradas. Según se ha dicho, el alcalde planteó que el asfaltado estructural corresponde al Ministerio de Obras Públicas y que el ayuntamiento hace lo que puede, comprando asfalto en frío para tapar hoyos y atender situaciones puntuales.
Desde una lectura estrictamente legal, el tema admite discusión. La Ley 176-07 establece que la pavimentación de las vías públicas urbanas forma parte de las competencias municipales.
También coloca dentro de los servicios mínimos de los ayuntamientos el mantenimiento de calles, aceras, contenes y caminos vecinales. Es decir, el municipio no puede desentenderse completamente del problema vial urbano. Pero dicho eso, hay que reconocer algo, y es que Dío no deja de tener razón en el fondo de su planteamiento.
Porque una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta es la forma en que históricamente el Estado dominicano ha organizado sus recursos. En teoría, los ayuntamientos tienen competencias sobre sus calles urbanas. En la práctica, los grandes fondos, equipos pesados, brigadas, plantas de asfalto y capacidad operativa se concentran en el Gobierno central, particularmente en el Ministerio de Obras Públicas. Ahí está la gran contradicción.
Un municipio recibe la presión directa de los ciudadanos, pero la realidad es que no tiene los recursos suficientes para resolver el problema en la misma proporción en que se le exige. La gente reclama al alcalde porque es la autoridad más cercana, porque ve el hoyo frente a su casa, porque se le daña el vehículo, porque se inunda la calle, porque el polvo o el lodo le afectan la vida diaria. Sin embargo, para intervenir de manera estructural muchas veces hay que elevar solicitudes, esperar turnos y depender de una Dirección Nacional de Asfaltado.
Eso crea burocracia, retrasa soluciones y debilita la autonomía local. Imagine usted que para asfaltar una calle de un municipio haya que depender de una decisión nacional. Que una comunidad tenga que esperar a que desde una oficina central se determine cuándo le toca. Que las prioridades de un barrio sean evaluadas desde lejos, bajo criterios que no siempre responden a la urgencia real del territorio.
Y peor todavía; ese modelo puede abrir espacio a las veleidades del poder, al sectarismo político o a la discrecionalidad. El asfalto no puede convertirse en premio para unos municipios y castigo para otros. Una calle no debe repararse porque el alcalde tenga buena relación con el Gobierno central, porque el municipio sea políticamente conveniente o porque una comunidad haya hecho suficiente ruido.
Si los recursos destinados al asfaltado urbano fueran transferidos directamente a los ayuntamientos, bajo reglas claras, fiscalización y planificación, sin dudas el servicio sería más eficiente y menos burocrático. Nadie conoce mejor las urgencias de un municipio que su propio gobierno local, sus técnicos, sus regidores y sus comunidades.
Claro, descentralizar recursos también exige responsabilidad. No se trata de entregar dinero sin controles. Se necesita planificación vial, presupuesto transparente, rendición de cuentas, auditoría social y capacidad técnica.
Pero el país debe decidir si cree realmente en sus ayuntamientos o si seguirá descargando sobre ellos las quejas ciudadanas mientras mantiene en el Gobierno central los recursos para resolver. Por eso, el comentario de Dío va más allá de Santo Domingo Este. El problema no es sólo el asfalto. El problema es un modelo centralista que todavía no termina de confiar en el poder local.
