La Procuraduría declaró ayer que la extensa banda de narcotráfico y lavado de activos atacada mediante la denominada “Operación Falcón” financiaba campañas electorales a candidatos a cargos locales (legislativos y municipales).

Hay al menos tres casos de diputados contra quienes hay acciones judiciales por narcotráfico y lavados de activos.
Lo preocupante es que la infiltración del crimen organizado en el Congreso Nacional no haya sorprendido, pues era algo sabido.

El sistema de financiamiento de las campañas electorales le garantiza el paso libre a figuras del bajo mundo.
El dinero se ha convertido en el recurso más relevante para que salga electo un diputado, un senador, un alcalde o un regidor.

Esa realidad le ha abierto el camino a esas instancias al crimen organizado.
Durante un tiempo financiaban candidatos para que les fueran simpáticos y leales.

En los últimos periodos han ido cambiando la modalidad. De un tiempo a la fecha estamos viendo que los propios narcotraficantes se están presentado como candidatos y en muchos casos ganando sus curules con gran facilidad.
La parte sana del Congreso tiene que asumir militancia en desenmascarar a los miembros del crimen organizado que han infiltrado ese importante Poder del Estado.