Dilema sin resolver
El Ministerio de Trabajo tiene registrados cerca de medio millón de empleados suspendidos y la casi totalidad ha sobrepasado el plazo máximo de tres meses que establece el Código de Trabajo.
No han sido incorporados por una razón muy simple: las empresas en las que laboran no están en capacidad de absorberlos aún, pero tampoco tienen la disponibilidad económica de liquidarlos.
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La mayoría de las pequeñas y medianas empresas que aún permanecen abiertas lo hace con la cantidad mínima de personal posible.
Si se vieran obligadas a pagar las prestaciones de su personal suspendido o de reintegrarlo, caerían en una insolvencia que les obligaría a cerrar, lo cual también contemplan las leyes dominicanas vigentes.
De cerrar por incapacidad económica, entonces se perderían los empleos que aún tienen vigentes y podrían hacerlo sin tener que pagar prestaciones.
Entonces se está frente al dilema de qué hacer con los empleados suspendidos, cómo preservar los empleos que subsisten.
Los programas Fase I y Fase II dan respuesta parcial, hasta diciembre, al problema de los trabajadores suspendidos o el subsidio al empleo vigente.
La solución a ese gran problema requerirá de mucha inteligencia y desprendimiento.
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