A la Junta Central Electoral desde el proceso electoral pasado le ha tocado organizar comicios nacionales y regentear la vida interna de los partidos políticos con dos legislaciones llenas de imperfecciones, ambigüedades, complejidades e irracionalidades.

Ese marco jurídico ha obligado a la Junta a tener que hacer interpretaciones de la ley e incluso hasta permitir licencias, lo cual siempre termina generando inconvenientes y desacuerdos.

Está ocurriendo ahora con el tema de la reserva del 20 por ciento de las candidaturas para ser usadas por la dirección de los partidos políticos, tanto para las alianzas como para darle representación a sectores determinados.

Un grupo de partidos se ha opuesto a una resolución de la Junta que establece que el 20 por ciento de las reservas debe ser por niveles, mientras que otro grupo similar ha respaldado esa decisión que nace de una interpretación de uno de los tantos artículos ambiguos de la Ley de Partidos Políticos.

El escenario creado obliga a la Junta a escuchar los pareceres de esos importantes actores del proceso electoral y hasta buscar un consenso sin que eso implique que esté cediendo su facultad legal para tomar la decisión final.

El objetivo debe ser que los partidos vayan confiados a las elecciones, con el menor cuestionamiento posible y que las ambigüedades de las legislaciones en cuestión no produzcan una alteración del buen clima que debe preceder a la realización de los comicios.