Desde que en los últimos años se ha intensificado la judicialización de la política he seguido con mucho interés los diversos procesos, unas veces a través de los medios de comunicación y, otras, en los mismos tribunales, dado su impacto en los valores democráticos.

En la judicialización de la política confluyen varios actores: Quien tiene el control coyuntural del poder político, el adversario blanco del ataque, la parte del Poder Judicial que se presta para motorizar la acción y los medios de comunicación que la promocionan sin llevar a cabo la comprobación de los hechos que demanda el ejercicio del periodismo.

Los imputados ven vulnerados derechos y garantías, sin que pase nada que conmueva los cimientos sociales.
Ordinariamente se responsabiliza al Ministerio Público de impulsar estos propósitos del poder gubernamental, pero la condena moral debe ser para la parte de jueces que se convierten en “sellos gomígrafos” del órgano acusador.

Políticos y allegados han purgado lo que se consideran condenas adelantadas de hasta 18 meses de prisión preventiva; no han valido los reclamos de presunción de inocencia, tampoco los recursos de revisión y apelación que la ley pone a su disposición.

El viernes pasado se produjo un acontecimiento que debería llamar la atención, cuando la jueza interina del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón formuló una grave denuncia que pone en cuestionamiento el Estado Social y Democrático de Derecho que establece la Constitución de la República Dominicana. Dijo que era perseguida y vigilada.

Contextualiza su denuncia estableciendo que todo comenzó cuando fue designada interinamente como juez de control del caso Calamar, en el que se involucra a los exministros de Obras Públicas, Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, entre otros acusados de cometer supuestos actos de corrupción.

Habló de moral y de poder. En el primer caso destacó que siempre ha actuado conforme a derecho en el ejercicio de sus funciones, y el segundo, llamó la atención que hay personas que hacen uso excesivo de ese instrumento de dominación sin darse cuenta de que es pasajero

Una simple inferencia lógica hace pensar que, si ha sido presionada, otros también han sido compelidos a actuar conforme a las pretensiones del Ministerio Público.

La dignidad con que actuó Lee Florimón la enaltece; y a la parte de magistrados que no habrían actuado conforme a esa virtud, cae en la desvergüenza.

La vida es efímera, por lo que hay que dejar una trayectoria que enaltezca para seguir viviendo en la memoria de los que quedan un tiempo más en la tierra.

Disfruto la frase del poeta Manuel del Cabral que dice que “hay muertos que van subiendo cuanto más su ataúd baja…”. Ese honor solamente está reservado para aquellas personas que tuvieron una vida hermosa y de servicio en la tierra.

He escuchado a jueces afirmar que sus sentencias solo pueden ser atacadas por medios de los recursos legales, sin mencionar los recursos de la historia y de sus propias conciencias.

El compromiso permanente de los jueces debe ser solo con la verdad, desechando en su camino todo tipo de oferta material. Ningún ascenso personal ni cualquier otra cuestión estará por encima del cumplimiento correcto del rol asignado durante el paso finito por este mundo a cada persona.

La magistrada Lee Florimón y su familia deben, como José Martí, sentir la satisfacción del deber cumplido, mientras que le deja una lección moral al Poder Judicial.