Diez imputados de la Operación Cobra 2.0-A admiten los hechos, según el Ministerio Público
- La procuradora de corte Mirna Ortiz destacó las evidencias presentadas por el Ministerio Público y señaló que diez de los imputados reconocieron los hechos que se les atribuyen
Santo Domingo. –El Ministerio Público solicitó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra las 26 personas arrestadas mediante la Operación Cobra 2.0-A, a quienes vincula con un presunto entramado de corrupción administrativa relacionado con la sustracción de fondos públicos a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La petición fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde también se solicitó que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), defendió la investigación realizada por el órgano acusador y destacó las evidencias recopiladas durante el proceso.
“En la noche de hoy el Ministerio Público ha presentado su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en esta operación. 10 de los imputados han admitido los hechos, han estado conteste con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado, lo que evidencia la fortaleza de nuestras imputaciones”, dijo a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal luego del aplazamiento de la audiencia para este jueves, 24 de septiembre.
Ortiz encabeza, junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, el equipo del Ministerio Público que participa en la audiencia.
“La única realidad que sucederá en este proceso, al finalizar, es que el juez impondrá las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público a cada uno de los encartados”, dijo Ortiz, quien encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público en la audiencia junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución.
Durante la jornada, Camacho presentó ante el tribunal las pruebas y los argumentos utilizados por el Ministerio Público para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los 26 arrestados.
El equipo litigante también está integrado por el procurador de corte Héctor García y los fiscales Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Audiencia fue aplazada para este jueves
Pasadas las 3:00 de la tarde de este miércoles, el juez Rigoberto Sena dispuso que el Ministerio Público presentara formalmente su solicitud de medida de coerción contra los imputados vinculados a la Operación Cobra 2.0-A.
Luego de varias horas de audiencia, a las 10:00 de la noche, el magistrado decidió aplazar el proceso para este jueves 24 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde.
Al concluir su exposición, el Ministerio Público pidió que el expediente sea declarado de tramitación compleja y que se dicten 18 meses de prisión preventiva contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
La solicitud también incluye a la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y a los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Asimismo, la petición abarca a los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Según el Ministerio Público, la complejidad del caso estaría sustentada en la cantidad de hechos investigados, víctimas y posibles implicados, además de la alegada existencia de delincuencia organizada.
Ministerio Público presenta 483 pruebas
Durante la audiencia, Ortiz sostuvo que el caso no debe analizarse únicamente desde la perspectiva económica, sino tomando en cuenta el impacto que, según la acusación, habría tenido el supuesto esquema sobre el acceso a servicios de salud de los afiliados de SeNaSa.
“El bien jurídico protegido aquí no es monetario. El bien jurídico aquí está vinculado con el derecho fundamental a la salud. Derecho fundamental a la salud que se vulneró en perjuicio de ciudadanos beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. A todos estos pacientes se les generaron cargos ficticios que redujeron el monto de los servicios a los cuales tenían derecho”, dijo Ortiz en el tribunal durante la presentación de la medida de coerción.
La representante del Ministerio Público insistió en que el eje de la investigación no se limita al monto de dinero presuntamente sustraído.
“Cuando analicemos el punto nodal de esta situación. No se trata de dinero, no se trata de 40 millones, se trata de la lesión a un derecho fundamental, al derecho fundamental de la salud”, agregó.
Como parte del sustento de la solicitud de medida de coerción, la Fiscalía informó que presentó un total de 483 elementos probatorios. De estos, 234 corresponden a pruebas documentales, 91 son materiales, 82 documentos procesales y 76 pruebas periciales.
“El Ministerio Público concluye de la siguiente manera: Por las razones de hecho y derecho presentadas, solicitamos la imposición de prisión preventiva por 18 meses al considerar el Ministerio Público que es la medida que, conforme a la gravedad de los hechos y a la naturaleza de las imputaciones, garantizarían la continuidad del proceso de investigación, así como la seguridad de las víctimas y de los potenciales elementos de prueba a ser colectados por el Ministerio Público en el desarrollo de su investigación”, expuso.
El órgano acusador fundamentó además su petición en las disposiciones procesales que permiten solicitar prisión preventiva y declarar la complejidad del proceso.
“Que esta medida de coerción sea impuesta por un período de 18 meses de conformidad con el artículo 230, numeral 7, combinado con el artículo 377, numeral 2, al declarar este tribunal la complejidad del presente proceso”, indicó.
Antecedentes de la Operación Cobra
La investigación contra el presunto entramado de corrupción comenzó con la primera etapa de la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público arrestó el año pasado a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa y señalado por el órgano acusador como cabecilla de la estructura.
En esa fase también fueron arrestados los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los nuevos imputados, el Ministerio Público procura obtener sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos que, de acuerdo con la acusación, habrían sido sustraídos al Estado dominicano.
A los involucrados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
De acuerdo con el órgano persecutor, durante la investigación fueron identificadas evidencias relacionadas con presuntos sobornos a gran escala, alteraciones de estados financieros y la creación de programas especiales sin respaldo jurídico, que habrían sido utilizados para desviar recursos mediante operaciones fraudulentas.
El Ministerio Público sostiene que se trata de un supuesto esquema sistemático de corrupción instalado desde la dirección ejecutiva de SeNaSa, con participación de funcionarios de la aseguradora estatal y prestadores de servicios de salud.
Operación Onco14, otra línea de investigación
Como parte de las investigaciones derivadas del proceso, el Ministerio Público también ejecutó en junio pasado la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas señaladas por su presunta vinculación con una estructura que habría utilizado de manera fraudulenta al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
Según la acusación, las maniobras habrían provocado perjuicios al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y a SeNaSa.
Por este caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Vargas Sánchez se divorció de Lora Cruceta en 2014 y posteriormente ocupó la Vicepresidencia, además de desempeñarse como auditora interna y externa del patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao durante el período en que Lora Cruceta presidía la referida ASFL.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.
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