Toda persona tiene derecho al acceso de toda la información sensitiva sobre sí misma, personal, que se encuentre en bancos de información.

En el caso del Estado, este debe ser proactivo en garantizar el acceso a la información pública de todo ciudadano.

Desde un punto de vista de la competitividad de cada país, la tecnología es una herramienta fundamental para el desarrollo de procesos más eficientes y transparentes al momento de solicitar información en las diversas instituciones públicas, pues viabiliza el acceso a la información de manera sencilla y asequible.

Con relación, por ejemplo, a los procesos de solicitud de certificaciones, estas bien podrían ser automatizadas, logrando acelerar los procesos de este tipo que tomen en cuenta plataformas digitales.

En la actualidad, hay procesos tan lentos y desesperantes en muchas de nuestras instituciones del Gobierno, como es el caso de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social (DIDA), que se constituyen como limitantes al derecho de acceso a la información que tienen los ciudadanos. Pedir una simple certificación, incluso para empleadores, se torna en una tarea de medio día, sin garantía de obtenerla correctamente a la primera oportunidad. Así no se vuelve a un país competitivo.

Por situaciones como esta es que debemos esforzarnos por hacer que la Administración Pública y cada departamento del Estado cumpla su rol de manera eficaz.

Si bien República Dominicana mejoró por 4 posiciones en el último informe de competitividad mundial de 2019, ubicándose en el puesto 78 de 141 países que fueron medidos, aun falta mucho por hacer en términos de mejorar las políticas, las instituciones y todos los factores que aumentan la productividad nacional.

Toda medida que vaya en ese sentido, que esté dirigida a mejorar el gasto del Gobierno, y la manera en como los recursos públicos son utilizados por sus funcionarios, servirá para mejorar las instituciones y por vía de consecuencia la capacidad productiva del país. Esto se debe a que existe la necesidad, desde el sector privado, de que se aceleren los procesos de certificaciones y de permisologíar.

Esto creará una mayor expansión del crecimiento económico y la efectividad de sus gestiones.
Así las cosas, al partir de esta realidad, viendo las necesidades y poniendo al ciudadano en el centro de las decisiones, el Estado podría medir y ejecutar mejor las opciones de políticas públicas que posee.