PUERTO PLATA.-  Otro escándalo acaba de estallar en esta ciudad por la quiebra de otra financiera, cuyo presidente fue apresado hace varios días acusado de abuso de confianza, estafa y lavado de activos, luego de que sus ahorrantes presentarán varias denuncias por incumplimiento con los mismos.

En tal sentido, la Oficina de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción impuso un año de prisión preventiva en contra del ingeniero Armando Almonte Hernández, quien alegadamente estafó a múltiples personas con más de 30 millones de pesos en la financiera que operaba en la calle José Eugenio Kunhartd de este municipio San Felipe de Puerto Plata.

La  medida de coerción contra Almonte Hernández, fue impuesta por el  juez Pascual Francisco Abreu, quien además declaró la complejidad del caso   acogiendo los argumentos acusatorios presentados por la Fiscalía de Puerto Plata los cuales revelaron que desde el mes de febrero ha estado realizando trabajos investigativos junto a la Superintendencia de Bancos de la República por supuestas violaciones a la Ley monetaria.

Al ofrecer declaraciones sobre el mencionado caso, el Fiscal Titular de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla Hiraldo, expresó que las captaciones realizadas por el imputado Armando Almonte Hernández, como socio principal de la citada financiera, evidencian un claro propósito de estafar a los ahorrantes, en virtud de que aunque poseía una cartera de préstamos, pero que estos tienen fecha de varios años de atraso.

“En las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se  pudo comprobar que esos préstamos demuestran que no se realizaba el proceso de cobro regular, lo que evidencia que realmente la estafa de más de RD$30 millones de pesos se debe a la distracción del dinero de los clientes”, sostuvo Bonilla Hiraldo.

De igual manera, en contra del imputado se presentaron varias pruebas, resaltando el hecho de que en su condición de propietario  de la financiera, captaba el dinero de sus ahorrantes mediante certificados de inversión a los que denominaba contrato, incurriendo en la flagrante violación a Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, el Código Penal Dominicano y la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.