El Día 
SANTO DOMINGO. – El Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción a seis de siete militares acusados alegadamente de ingresar al país unas 220 armas de fuego con apariencia lícita.
La medida fue dictada por el juez José Gregorio García contra los militares Bienvenido Cordero Batista, general de brigada paracaidista de la FARD y director general de Material Bélico del Ministerio de Defensa; Félix Francisco Pérez Artilles, teniente coronel del ERD, encargado del depósito de las armas del Material Bélico; Esteban Marrero Ruiz, mayor del ERD, enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía.
Así como a Francisco Mercedes Medrano, capitán del ERD, encargado de archivo y confección de las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico, José Miguel Torres Rodríguez, primer teniente de la Policía Nacional, encargado de las Armas de fuego de la Policíaque están en la Intendencia del Material Bélico, y Pedro Manuel Guzmán Escarramán, coronel del ERD, propietario de una Armería que supuestamente se encargada de introducir al país y comercializar en el mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados.
En cuanto al imputado Edwin Rafael Almonte Camacho, primer teniente del ERD, asistente del director general de la Intendencia del Material Bélico, le fue aplazado el conocimiento de la medida de coerción, hasta que la Corte disponga y le asigne un nuevo juez, debido la recusación hecha por sus abogados al juez García, considerando previo el conocimiento de la medida, a una solicitud de amparo hecha por el acusado ante el Tribunal Constitucional.
La fiscalía de Santo Domingo, asegura poseer suficientes elementos de pruebas con las que demostrará en juicio de fondo la responsabilidad penal de los imputados.
El Ministerio Público le ha asignado a los hechos la calificación jurídica de violación a los Artículos 295,304 y 309 del Código Penal Dominicano.
Los imputados Policías deberán permanecer, recluidos en la Cárcel de Operaciones Especiales, mientras que los Guardias, hasta ser llamados a juicio de fondo.
