Los imputados, quienes fueron hallados culpables de violar la Ley 50–88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de traficante, formaban parte de una red que se dedicaba al tráfico a gran escala de sustancias controladas en la provincia Santiago y ciudades aledañas.
La Procuraduría Fiscal de Santiago, dirigida por la magistrada Luisa Liranzo, destaca que la condena lograda por este caso forma parte de la política de tolerancia cero contra el consumo y tráfico de drogas en esa demarcación.
Los jueces Herminia Rodríguez, Sergio Furcal y José Rafael de Asís, dictaron la sentencia tras acoger como buenas y válidas las diferentes pruebas presentadas por el Ministerio Público, que estuvo representado durante el desarrollo del juicio de fondo por el procurador fiscal Elvin Ventura.
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