Magín Díaz
Santo Domingo.- El extitular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, consideró que la entrega anticipada del 30% de los fondos de pensiones, no es la mejor fórmula de ayudar a la clase trabajadora.
Destacó que ese criterio es sustentado por voces autorizadas en temas económicos, entre ella la del Gobernador del Banco Central (BC), Héctor Valdez Albizu, quien ha advertido sobre las distorsiones que generaría a la economía la implementación de esa medida.
El exfuncionario del área recaudadora del Estado, recordó que la aprobación o rechazo de la propuesta sobre la devolución del 30% de los fondos de pensiones, en el Congreso Nacional, depende de la decisión política.
«entendemos que eso depende de la decisión política, pero entre los economistas hay consenso que esa no es la mejor vía de ayudar a los trabajadores», argumentó Majin Díaz.
Recordó que en los países donde se ha adoptado esa medida, no ha dependido del sector económico, sino de la clase político», agregó.
Advirtió que de aprobarse en el Congreso Nacional el proyecto de ley que persigue el desembolso del 30% de los fondos de pensiones, obligaría al Banco Central a adoptar medidas extraordinarias para mantener el equilibrio macroeconómico.
«Pero ha de recordarse que en los países que se ha aprobado esa medida, posteriormente se ha reconocido que fue una mala decisión» concluyó el exdirector de la DGII.
En contra de la aprobación del proyecto de ley en poder de una comisión bicameral del Congreso Nacional, se han pronunciado representantes de diversos sectores del país, incluyendo senadores y diputados, quienes coinciden que sería perjudicial para la economía y la clase trabajadora entregar esos recursos.
Entre las entidades que se han pronunciado en contra del proyecto de la autoría del diputado reformista Pedro Botello, figuran el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a través de su presidente Pedro Brache; la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), las principales centrales laborales, economistas, académicos dirigentes de entidades comerciantes, así como religiosos y de otras entidades de la sociedad civil.
Los sectores plantean en cambio, la aprobación del proyecto de modificación integrar de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, para readecuar el sistema al aspecto de la salud y el régimen de pensiones, acorde con la realidad actual que vive el país.
